Para que todos los edificios públicos garanticen el acceso y libre desplazamiento de las personas con discapacidad, la Diputada local Elsa Escobedo Vázquez presentó iniciativa de reforma a la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación.

La legisladora destacó que se busca continuar con el avance en la inclusión y accesibilidad de los espacios públicos, fortalecer y perfeccionar la legislación en materia de los derechos de las personas con discapacidad y garantizar en un periodo concreto de tiempo la accesibilidad de las personas con discapacidad.

"La presente reforma busca aumentar la conciencia pública sobre la importancia de la accesibilidad y la inclusión. Esto puede fomentar una cultura de respeto y apoyo hacia las personas con discapacidad, promoviendo una sociedad más justa y equitativa", puntualizó en tribuna.

"Se plantea un beneficio en la calidad de vida de las personas con discapacidad, permitiéndoles moverse con mayor libertad y seguridad, en aquellos servicios esenciales y la posibilidad de participar en actividades cotidianas que muchos dan por sentadas, por tal motivo se debe de garantizar la accesibilidad para asegurar que las personas con discapacidad puedan vivir de manera digna y autónoma", añadió.

La iniciativa de reforma contempla modificar el artículo 29 de la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación.

Escobedo Vázquez resaltó que es necesario que el Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial, los municipios, los organismos públicos descentralizados y los organismos autónomos garanticen la igualdad de oportunidades.

"La Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación en Nuevo León debe ser vista como un documento vivo, que evoluciona para responder a los desafíos emergentes y refrendar el compromiso con los derechos de las personas con discapacidad", apuntó.

"La lucha contra la discriminación es una tarea continua que requiere el compromiso de todos los sectores de la sociedad para construir un entorno verdaderamente accesible e inclusivo", agregó.

La falta de accesibilidad en espacios públicos no solo viola los derechos humanos, sino que también perpetúa la exclusión social y económica de las personas con discapacidad. Reformar la ley es un paso crucial para garantizar que estos derechos sean respetados y protegidos.