El Diputado Carlos Rafael Rodríguez Gómez, presidente de la Comisión de Economía, Emprendimiento y Turismo, presentó un dictamen para modificar la Ley del Instituto de Servicios y Seguridad Social de Nuevo León, en respuesta a una acción de inconstitucionalidad promovida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos contra el artículo 3, fracción IV, incisos a), b) y c) de la Ley, relativa a los beneficiarios de una pensión de un trabajador jubilado, acción que fue respaldada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Este mismo decreto también fue devuelto al Congreso por el anterior titular del Poder Ejecutivo del Estado

En la parte de la ley impugnada, la Corte señala que el Instituto deberá reconocer el carácter de beneficiarios a los esposos, esposas, concubinos o concubinas de las y los servidores públicos jubilados o pensionados, en igualdad de condiciones entre hombres y mujeres y sin distinción entre matrimonios o concubinatos entre personas del mismo o diferente sexo.

"Aunado a lo anterior, el Alto Tribunal reconoció la limitación de recursos disponibles para logar el pleno goce de los derechos sociales, lo cierto es que los Estados tienen obligaciones inmediatas por lo que respecta al derecho a la seguridad social. En virtud de lo anterior, esta Comisión sostiene que debe prevalecer el reconocimiento a los derechos de seguridad social sobre la estimación de impacto presupuestal señalada en las observaciones presentadas por el Ejecutivo del Estado, al tratarse del cumplimiento a una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación" declaró el Legislador.

El dictamen de reforma fue aprobado por unanimidad.