PIDEN INVESTIGAR ADJUDICACIONES DIRECTAS
Monterrey, 26 de Octubre 2020
La LXXV Legislatura del Congreso del Estado aprobó exhortar a la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Gobierno del Estado de Nuevo León, para que investigue y sancione una posible infracción a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León.
"Que se investigue a los proveedores que han sido contratados por el método de adjudicación directa o por cualquier otro de los procedimientos contemplados en dicha Ley, en el marco de la pandemia por coronavirus (COVID-19), y de vista oportuna a la autoridad competente en caso de detectarse la existencia de elementos que acrediten probables responsabilidades administrativas de los servidores públicos o actos de corrupción", pidió la Diputada Mirna Grimaldo, al leer el dictamen en tribuna.
En el Congreso del Estado de Nuevo León se aprobaron diversos ajustes en el presupuesto a efecto de que el Ejecutivo del Estado y los Municipios pudieran disponer de los recursos necesarios para combatir, prevenir, controlar y mitigar los efectos del virus, así como evitar un deterioro del tejido social y apoyar a las micro y pequeñas empresas generadoras de empleo y bienestar social.
Ante dichos ajustes presupuestales, resulta indispensable que se garantice que la asignación de contratos a proveedores se realice en el marco de la ley y sin hechos de corrupción, así como se aprovechen los recursos de la mejor manera posible, ya que el fin último es la protección a la salud de las personas.
"Resultaría lamentable que los recursos públicos sean desviados o utilizados de manera irregular para beneficios personales, lo cual además de constituir un delito y una falta administrativa, se estaría alejando del propósito principal que es ayudar a la población que se encuentra en riesgo ante este virus", aseguró la Legisladora.
Nuevo León no merece un Gobierno de 'amiguismo' ya que, al promover la contratación por adjudicaciones directas presuntamente a los allegados al Gobierno Estatal, se estaría favoreciendo la consolidación de la corrupción como política de Estado y no debe permitirse.
El dictamen fue aprobado por unanimidad por los legisladores presentes.