Para establecer mecanismos concretos que prevengan violencia y conductas antisociales de los alumnos del sistema de Educación Básica, contra ellos mismos y contra terceros, la Diputada Beatriz de los Santos Elizondo presentó una Iniciativa para reformar la Ley de Educación y la Ley para Prevenir, Atender y Erradicar el Acoso y la Violencia Escolar.

Entre otras cosas, esta reforma posibilitaría a los estudiantes de psicología para auxiliar en diagnóstico de estudiantes; enlaza mecanismos en la salud mental y emocional, que se encuentran dispersos en varias leyes; el contenido de diversos Programas de Prevención; y obliga al Ejecutivo para que informe exactamente de los recursos destinados para Salud Mental y Emocional en el Sistema de Educación Básico de NL.

La propuesta establece que las autoridades educativas, deberán implementar programas permanentes de prevención y detección de conductas que impliquen violencia física o psicológica entre el alumnado, con el objetivo de identificar, atender y dar seguimiento de la forma más eficiente posible a estos casos, para garantizar un desarrollo integral y pleno de los alumnos.

"Las autoridades educativas podrán, en caso de requerirlo, solicitar el apoyo de la Secretaría de Salud del Estado, o del Instituto de Salud Mental y en su caso la unidad administrativa señalada en los artículos 22 y 23 de la Ley Estatal de Salud, para diseñar e implementar los programas señalados en el párrafo anterior", aseguró la Legisladora.

Para lograr un correcto desarrollo de las acciones relacionadas con el objeto y fines de esta Ley, el Ejecutivo del Estado por conducto de las dependencias competentes, podrá autorizar la participación de los sujetos obligados a la prestación de servicios profesionales de índole social o de prácticas profesionales, que cursen las carreras de psicología o trabajo social, para auxiliar en el desarrollo de dichas acciones.

"De acuerdo con el artículo 2 de la Ley para Prevenir, Atender y Erradicar el Acoso y la Violencia Escolar, el Ejecutivo del Estado por conducto de las dependencias competentes, podrá autorizarse la participación de los sujetos obligados a la prestación de servicios profesionales de índole social o de prácticas profesionales de las carreras de psicología o trabajo social, en el desarrollo de los programas señalados en este artículo", mencionó De los Santos Elizondo.

La iniciativa fue turnada a la Comisión de Educación, Cultura y Deporte para su estudio y dictamen.