A fin de mejorar la calidad educativa y fortalecer la inclusión escolar, la Septuagésima Quinta Legislatura reformó la Ley de Educación y la Ley para la Protección de los Derechos de las Personas con Discapacidad.

La Diputada Rosa Isela Castro Flores presentó el dictamen legislativo el cual fue aprobado por unanimidad, y que reforma los artículos 16 Bis, 49 y 27 bis de esta ley.

"La inclusión es un reto de la educación básica, y que esta debe estar orientada hacia la práctica educativa en acciones encaminadas a incorporar al sistema educativo nacional a niñas, niños y jóvenes que, por alguna otra causa de índole social, cultural, de desigualdad, de género y/o económica, no tienen acceso al sistema educativo y/o se encuentran en riesgo de exclusión de los servicios educativos" señaló.

Mencionó que para que la Educación Especial cumpla adecuadamente con su cometido, se debe brindar procesos de asesoramiento y acompañamiento metodológico a los profesores de educación básica, atención y monitoreo a los alumnos, orientación permanente a los padres y difusión y sensibilización permanente a la comunidad.

La iniciativa para reformar la Ley de Educación del Estado, tiene como objetivo el fortalecer la educación especial y lograr que cada vez menos jóvenes sufran de discriminación, barreras u obstáculos para acceder a una educación de calidad y acorde a sus necesidades, considerando tanto a niñas y niños con discapacidad, así como los alumnos con capacidades sobresalientes, por lo que considera que la educación debe de ser individualizada atendiendo dichos aspectos.

"Asimismo, se propone modificar la Ley para la Protección de los Derechos de las Personas con Discapacidad, para que, conforme a su disponibilidad presupuestal, el Ejecutivo Estatal pueda dotar a los planteles educativos con las instalaciones necesarias y de calidad en beneficio de las niñas, niños y adolescentes de nuestra Entidad" agregó la Legisladora.

También recordó a los legisladores que toda persona, pero de sobremanera, toda autoridad debe cumplir con la obligación constitucional consagrada en el artículo primero de nuestra Carta Magna sobre no discriminación, pero también con la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos fundamentales reconocidos en nuestros ordenamientos vigentes.