La Diputada Itzel Castillo presentó una iniciativa de reforma al Código Penal del Estado para castigar con uno a nueve años de prisión a quien cometa un delito contra el medio ambiente.

Se trata de una adición del Título vigésimo octavo, denominado "Delitos contra el Medio Ambiente" con un Capítulo Único, que contiene los Artículos 446 al 451 del Código Penal de Nuevo León.

Según la iniciativa, se impondrá pena prisión de uno a ocho años y multa de treinta a ciento cincuenta cuotas, a quien, realice, autorice u ordene cualquiera de las siguientes conductas: como talar, desmontar o destruir árboles de bosques para comercializar así como dañar el medio ambiente con un incendio provocado o depositando contaminantes.

En tanto, se aplicará pena de uno a nueve años de prisión y multa de doscientos a dos mil cuotas al que, sin la autorización de la autoridad competente, realice actividades de explotación, extracción, procesamiento o aprovechamiento de minerales o sustancias no reservadas a la federación, tales como rocas o productos que puedan utilizarse como materia prima que genere daño a la salud pública, al medio ambiente o a los recursos naturales.

Además, se dará de tres a ocho años de prisión y multa de cien a mil cuotas a los propietarios o representantes legales de las industrias, comercios o establecimientos de servicios, que incumplan lo dispuesto en las disposiciones legales en materia ambiental, provocando un daño a la salud pública, al medio ambiente o a los recursos naturales.

Finalmente, se imputará de uno a ocho años de prisión y multa de treinta a ciento cincuenta cuotas, a los prestadores de servicios ambientales autorizados que proporcionen documentos o información falsos u omitan datos con el objetivo de que las autoridades ambientales competentes otorguen o avalen licencias, autorizaciones, registros, constancias o permisos de cualquier tipo.

Dentro de la normativa también se contempla la reparación del daño y la inhabilitación de funcionarios públicos que incurran en daño al medio ambiente.

En la actualidad, la ley solamente habla de multas para los infractores y no de cumplir su pena en prisión.

La propuesta fue enviada la Comisión de Justicia y Seguridad Pública del Congreso Local para su estudio y análisis.