Para conocer el progreso que se ha tenido y el porcentaje de la población femenil penitenciaria que hace uso de los servicios educativos de nivel medio superior, el Diputado Adrián de la Garza Tijerina solicitó al Comisario General de la Agencia de Administración Penitenciaria, Raúl Salvador Ferráez Arreola, que informe la situación académica de la población penitenciaria femenil en el Estado.

Al presentar el punto de acuerdo durante la Diputación Permanente, el Legislador Adrián de la Garza comentó que, la Comisión Nacional de Derechos Humanos alertó de una 'insuficiencia o inexistencia de actividades educativas' a las reclusas, como se ve reflejado en el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciario 2017.

Adrián de la Garza agregó que el estudio indica que el motivo por el cual, las mujeres internas tienen interrumpido la instrucción de preparatoria, es por la falta de extensión de las becas académicas, mediante las cuales las internas pueden acceder a la educación del nivel medio superior.

"Tal aspecto, merma definitivamente sobre el desenvolvimiento que tendrán las internas una vez que egresen del centro penitenciario, incumpliéndose con la dogma Constitucional dispuesto en el precepto 3º, sobre la obligatoriedad de la educación al menos hasta el nivel medio superior, como lo es el bachillerato o preparatoria, no siendo exclusivo dicho derecho respecto de menores de edad", comentó en tribuna el Legislador".

"El tener acceso a la educación media superior, las internas lograrán contar con una herramienta fundamental para lograr la reinserción social, pues la educación es un bien básico indispensable para la formación de autonomía personal y, por ende, para ejercer el derecho libre desarrollo de la personalidad", expresó el Diputado De la Garza.

El Diputado señaló que el Estado tiene la obligación de diseñar instituciones que faciliten el desarrollo personal de las personas que se encuentran en los Centros de Readaptación Social.

"Lo anterior, impactará positivamente en las familias nuevoleonesas, pues una vez cumplida la pena, al regresar a la cotidianeidad de la vida social, las mujeres al obtener su libertad podrán desarrollar un empleo digno y, por lo tanto, generar ingresos para subsistir y evitar que reincidan en la comisión de delitos", aseguró Adrián de la Garza.