Con la finalidad de evitar que tragedias como la ocurrida el pasado 11 de octubre, donde 11 trabajadores murieron en el derrumbe de una plaza comercial, queden impunes, la diputada Karina Barrón Perales propuso este miércoles la tipificación del delito de "Negligencia en Desarrollo Urbano".

Hasta 10 años de prisión, inhabilitaciones para ejercer su profesión o la función pública y multas económicas de hasta 10 mil cuotas, es lo que podrían enfrentar los encargados de obra, funcionarios públicos y dueños de terrenos, que permitan la edificación de inmuebles que no se apeguen a lo autorizado en las licencias o que no cuenten con ellas, no denuncien las anomalías y/o además lo hagan en zona declaradas protegidas.

Así mismo se establecen penas similares para constructores o desarrolladores que realicen obras sin contar con los permisos y licencias necesarias.

Es habitual que luego de hechos como el antes citado, o el ocurrido en el Fraccionamiento Antigua en noviembre de 2017, los responsables de obra o funcionarios libren sanciones penales ante la inexistencia de las mismas o respaldados en acuerdos económicos con los afectados o los deudos de los fallecidos.

"La pena de prisión se impondrá de igual manera al propietario del inmueble donde se desarrolla la construcción, su representante legal o el constructor, que teniendo conocimiento permita la edificación sin apego a la licencia, autorización, permiso, o a la normativa vigente relativa a asentamientos humanos, ordenamiento territorial y desarrollo urbano, para el Estado de Nuevo León, con relación a la altura, número de niveles y área libre permitidas, siempre que no lo denuncie a la autoridad", explicó la legisladora.

"Se propone sanción severa a los fraccionadores que sin contar con el permiso necesario de la autoridad administrativa o teniéndolo, no respete las especificaciones del mismo, con el objeto de transferir la posesión, la propiedad o cualquier otro derecho relacionado con los lotes divididos", añadió.

La iniciativa de reforma propone la modificación del Código Penal del Estado por adición de un capítulo vigésimo octavo que contiene los artículos 446 y 447 relacionados a los delitos relacionados con el desarrollo urbano.