El Legislador Marco Antonio Martínez Díaz presentó una iniciativa de reforma por modificación a la Ley de Defensoría Pública del Estado para que no se cobre por los servicios periciales que se presten al Instituto en materia penal, civil, familiar y administrativa.

Martínez Díaz puntualizó que en todo el Estado, este organismo público se encuentra formado por 196 abogados para salvaguardar los derechos ciudadanos consagrados en la Constitución Política, y para brindarle asesoría jurídica, la obligación de estos defensores es dar asesoría legal gratuita a quien no puede pagar un abogado.

"En particular podrá concertar acuerdos con Instituciones de Educación Superior por lo que respecta a la prestación de servicios periciales y sociales y particularmente en las diversas especialidades del derecho, criminología, trabajo social y otras disciplinas en los términos y condiciones que establezca el Reglamento de esta Ley. Los peritos de Instituciones Públicas, y personas que laboren en estas que auxilien a la Defensoría Pública del Estado no cobrarán por los servicios periciales que presten al Instituto en materia penal, civil, familiar y administrativa", puntualizó.

"El servicio de la Defensoría Pública es excelente, el problema que nos ocupa es cuando en los procesos jurídicos, en que son requeridos dictámenes, peritajes, avalúos, certificados, etc., que tienen que efectuarse por peritos, médicos, etc, de manera privada ,que tienen un costo que no puede ser cubierto por los promoventes, por citar algunos procesos jurídicos: Juicio de Interdicción, donde se requieren 3 Dictámenes Médicos por Especialistas, que deben ser ratificados en el juzgado por los firmantes, este es un tipo de procedimiento apremiante ya que  el enfermo por su incapacidad no pueden ya llevar actos jurídicos como el cobro de su pensión, la administración de un bien, que pueda ser utilizado para proveer al incapaz de lo necesario".