El Congreso del Estado aprobó por mayoría darle vista a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, para que en el ámbito de sus atribuciones verifique sí el Subprocurador Especializado en Combate a la Corrupción, Ernesto Canales Santos realizó el pago de impuestos que corresponde a los 6 millones de dólares que recibió por honorarios del caso Paula Cusi.

El punto de acuerdo en el que también se exhorta al Gobernador Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón, destituir de su encargo al Subprocurador Especializado en Combate a la Corrupción del Estado, Ernesto Canales Santos fue presentado en la tribuna del Poder Legislativo por Héctor García García.

"Sin duda alguna, cuando el prestigio y la honorabilidad de un funcionario público se ven puesta en duda, desde ese momento vale la pena reflexionar sobre su permanencia, más aún cuando dicho servidor público reconoce que efectivamente aquello que se le señala, es completamente cierto. El día de ayer el mismo reconoció no haberle mencionado al Gobernador el problema legal que tenía en su contra y los datos verdaderos de haber recibido el pago de 6 millones de dólares", expresó.

"Creemos que tales honorarios no fueron declarados ante la Secretaria de Hacienda como ingreso por la prestación de servicios profesionales, lo cual implicaría una evasión fiscal, además de quedar la duda su fue omiso en su declaración patrimonial ante la Contraloría del Estado, obligación que por ley debemos cumplir todos los servidores públicos". 

Héctor García García, también solicito que la Contraloría del Estado, envíe al Poder Legislativo  la información relativa a la declaración patrimonial del Subprocurador Especializado en Combate a la Corrupción del Estado y poder aclarar si el pago de los 6 millones de dólares fui incluido en su declaración patrimonial. 

En tribuna, José Arturo Salinas Garza puntualizo que Ernesto Canales Santos está violando la Ley del Servicio Civil del Estado. 

"Se debe de ir porque la Constitución Libre y Soberana del Estado de Nuevo León establece en su artículo 98, en su fracción cuarta, que si es procesado y acusado, cualesquiera que fuera la pena por fraude, por robo, por abuso de confianza está inhabilitado para el cargo y les voy a decir cuales lo grave de esta situación, lo grave es que el señor viene y lo presume que está persiguiendo, que está investigando actos de corrupción y si hay algún procedimiento en contra de algún funcionario y todo lo que él avance se queda sin efecto, si a él, en los procesos que tiene abiertos, le cae una sentencia en su contra que lo inhabilite", puntualizó Salinas.

"El artículo 39 de la Ley del Servicio Civil sólo cesará, sin efectos, sin responsabilidad para el Estado, en los siguientes casos, la primera cuando el trabajador incurriera en faltas de honradez, o cuando por su imprudencias, descuidos, o negligencias pueda poner en riesgo la seguridad de la dependencia donde presta sus servicios, o las personas que ahí se encuentren, y sobre todo o por haberle mentido a su jefe, y además sus actos, sus imprudencias y negligencias, ponen en riesgo sus actuaciones que se le cese". 

Marco Antonio González Valdez dijo que ya no confía en las investigaciones de Ernesto Canales Santos, aseguró que la figura de éste es vulnerable y pone en riesgo las acciones de la Subprocuraduría si en próximos días le resulta una sentencia en contra por los litigios que tiene.

El punto de acuerdo fue avalado por los legisladores Gabriel Tláloc Cantú Cantú, Eugenio Montiel Amoroso, Adrián de la Garza Tijerina, Gloria Concepción Treviño Salazar,  Eva Patricia Salazar Marroquín, Ludivina Rodríguez de la Garza, Hernán Salinas Wolberg, Juan Francisco Espinosa Eguía, Alhinna Berenice Vargas García, Cosme Julián Leal Cantú, Rubén González Cabrieles, Liliana Tijerina Cantú, Sergio Arellano Balderas, Rosalva Llanes Rivera, Alicia Maribel Villalón González, Marco Antonio González Valdez y Daniel Carrillo Martínez quienes uno por uno cuestionaron en tribuna la honorabilidad de Ernesto Canales Santos como Subprocurador Especializado en Combate a la Corrupción.