Con los conceptos de revocación de mandato, asignación de presupuesto participativo y consultas ciudadanas, legisladores de Nuevo León aprobaron por unanimidad la Ley de Participación Ciudadana; marco normativo que empodera la palabra y decisión de los ciudadanos de la entidad.

El documento emitido por el trabajo de las Comisiones Unidas de Legislación y Puntos Constitucionales y Gobernación y Organización Interna de los Poderes fue leído en tribuna por los Diputados Héctor García García, María Concepción Landa García Téllez, Eva Margarita Gómez Tamez, Mauricio Andrés Cantú Ramírez y Sergio Arellano Balderas.

La normativa reguladora establece proporcionar un presupuesto de participación ciudadana del 5 por ciento de los ingresos del predial de los municipios.

Así mismo, dicta la revocación de mandato en la que se describe el requerimiento de una votación mínima del 10 por ciento de la lista nominal vigente en la entidad.

El dictamen se conformó con la aportación de ideas y proyectos de iniciativas entregados por ciudadanos, organizaciones, Diputados y personalidades de la sociedad civil.

Entre los Decretos establecido se instaura a los Poderes del Estado, así como los Ayuntamientos de Nuevo León realizar las adecuaciones necesarias en las leyes y reglamento correspondiente en un plazo no mayor a 180 días hábiles.

En este sentido se dicta que los Ayuntamientos del Estado, harán las modificaciones necesarias en su proyecto de egresos del año fiscal siguiente en que entre en vigor el presente Decreto, a fin de incluir las partidas necesarias para la aplicación y ejecución del Presupuesto Participativo que se destine en su Municipio.

A favor del dictamen se pronunciaron los legisladores María Concepción Landa García Téllez, Daniel Carrillo Martínez, Eva Margarita Gómez Tamez, Samuel Alejandro García Sepúlveda, Rosalva Llanes Rivera, Rubén González Cabrieles, Marcelo Martínez Villarreal, Héctor García García, Sergio Arellano Balderas, Marco Antonio Martínez Díaz, Jorge Alán Blanco Durán y Eva Patricia Salazar Marroquín.

El nuevo marco jurídico fue votado por unanimidad con 38 votos a favor.