Los integrantes del Pleno aprobaron este lunes reformas al Código Penal del Estado para penalizar la discriminación. Con la reforma se sanciona a quien por razón de origen étnico o nacional, idioma o lengua, género, edad, capacidades diferentes, condición social, condición de salud, embarazo, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra que atenté contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar sus derechos humanos y libertades niegue o restrinja a una persona un servicio o una prestación a la que tenga    derecho; un servicio de salud o un servicio educativo.

La reforma prevé que la sanción por este delito sea de tres meses a un año de prisión o de veinticinco a cien días de trabajo comunitario, y multa de veinticinco a doscientas cincuenta cuotas a quien incurra en el delito.

En el caso de servidores públicos que en el ejercicio de sus funciones, nieguen o retarden a una persona un trámite, servicio o prestación a que tenga derecho, se le aumentará en una mitad más la pena de prisión y se le impondrá la destitución e inhabilitación para el desempeño de cualquier cargo, empleo o comisión públicos de uno a tres años.