El Congreso del Estado aprobó este martes por unanimidad tipificar como delito el feminicidio en Nuevo León al reformar elCódigo Penal, Código de Procedimientos Penales y la Ley de Acceso de Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

La Diputada Carolina Garza Guerra presentó el dictamen que establece que se impondrá una sanción de 25 a 50 años de prisión y multa de 4 mil a 8 mil cuotas a quien cometa el delito de feminicidio en el estado.

Así como también se establece un agravante si entre el sujeto activo y la víctima existió una relación sentimental, afectiva o de confianza laboral, docente o de parentesco en línea recta ilimitado o colateral hasta cuarto grado, por lo que la sanción será de 30 a 60 años de prisión.

"Se considera feminicidio cuando por conductas de género se ejecute acción u omisión dirigida contra una mujer, privándola de la vida, cuando la víctima presente signos de violencia sexual o de  cualquier tipo; así como también cuando existan  evidencias de amenazas, acoso, hostigamiento o lesiones del sujeto activo en contra de la víctima", cita el dictamen.

Al responsable del delito de feminicidio se le impondrá también el pago de la reparación del daño a favor de la víctima o de quienes subsisten.

También las reformas establecen que al servidor público que retarde o entorpezca dolosamente o por negligencia la procuración o administración de justicia, se le impondrá pena de 3 a 8 años de prisión y de 500 a mil 500 cuotas, y será destituido e inhabilitado de 3 a 10 años para desempeñar otro empleo público.

En la sesión también se aprobaron por unanimidad reformas a la Ley Orgánica de la Procuraduría de Justicia para que el Ministerio Público tenga la atribución de iniciar inmediatamente la investigación en casos de denuncia sobre desaparición de menores de edad y personas mayores de 70 años.

El Diputado Gerardo García Elizondo presentó  el dictamen que contiene modificaciones al artículo 7 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia.

"Establecer un procedimiento que permita comunicar a la ciudadanía de manera directa sobre la privación de la libertad o desaparición de una persona menor de 18 años de edad, mayor de 70 años o incapaz, cuando se reúnan los criterios  para su implementación y que éstos permitan auxiliar a la Procuraduría  en la búsqueda, localización y recuperación de la persona privada de su libertad", cita el dictamen.

Los Legisladores también aprobaron reformas a la Ley de Defensoría Pública del Estado, a fin de reforzar los mecanismos que permitan la actualización, evaluación y seguimiento del cumplimiento de las obligaciones y atribuciones de los Defensores Públicos.

 

"Las reformas de mérito contribuyen a lograr la adecuada defensa del imputado en el marco del nuevo sistema acusatorio", señala el dictamen.

 

Con estas reformas el Instituto de la Defensoría Pública del Estado podrá contar con peritos propios cuando el costo y volumen de asuntos llevados a juicio así lo requiera.

 

Además en la sesión se aprobó emitir la declaratoria de la falta absoluta del quinto regidor del municipio de Cadereyta Jaime Javier Hernández de León, y se mandó llamar a  la edil suplente María Alejandra Castañeda  González para que asuma el cargo.

 

En la sesión se aprobó también un exhorto al delegado de la Comisión Nacional del Agua para que se desazolven y se les brinde el mantenimiento a las cortinas de las presas en la entidad con especial atención en las de Cerro Prieto, Cuchillo y Rodrigo Gómez "La Boca".

El punto de acuerdo fue hecho por el Diputado Oscar Flores Treviño, el cual también contempla un exhorto a los titulares  de Agua y Drenaje de Monterrey y de la Secretaría de Obras Públicas para que realicen las gestiones necesarias para desazolvar la presa Rompepicos, a fin de que desfogue controladamente los escurrimientos al río Santa Catarina.