Las Comisiones Unidas de Legislación y Puntos Constitucionales y de Justicia y Seguridad Pública, aprobaron reformas a diversos ordenamientos legales en relación a órdenes de protección en materia de violencia familiar.

Durante la sesión de trabajo de las citadas Comisiones, presididas por los diputados Héctor García García y Heriberto Cano Marchan, respectivamente, se pusieron a consideración de los integrantes las reformas al Código de Procedimientos Civiles, el Código Penal, Código de Procedimientos Penales, así como la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Nuevo León, mismas que fueron aprobadas el pasado 7 de mayo por el Pleno del Congreso.

Estas reformas, son parte muy importante de un proceso  en beneficio de la mujer, para que las órdenes de protección a favor de víctimas del delito de violencia familiar se hagan efectivas.

Las modificaciones, comentó en entrevista García García, completan el total de reformas a nivel constitucional, de la ley Orgánica del Poder Judicial, de la Ley para una Vida Libre de Violencia a favor de la mujer, y algunas otras, que garantizan que en breve las órdenes de protección se hagan realidad en el Estado.

Las órdenes de protección son una innovación, expresó, presentada por el Ejecutivo del Estado, precisamente por los altos índices de violencia familiar que se tenían y por lo complicado que era que una mujer, víctima del delito pudiera tener resultado a su petición de que se hiciera justicia, era bastante tardado el hecho de que una víctima pudiera denunciar, luego solicitar una orden de protección, expresó el presidente de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales.

"Con esto se concluye el paquete de reformas integrales que finalmente le dan una protección real a la mujer, y que es en su favor, cerca del 95% de los casos son mujeres, y esto les dará una protección efectiva, muy rápida y donde un juez podrá retirar del domicilio al agresor, lo obligará a pasar por un procedimiento psicológico", explicó.

Basta con que las reformas sean aprobadas por el Pleno, y publicadas en el Periódico Oficial del Estado, para que entren en vigor, toda vez que los jueces en materia oral familiar y jueces civiles, están preparados para su aplicación inmediata.