Para proteger a periodistas así como a medios de información impresos, el Congreso del Estado de Nuevo León avaló reformas al Artículo 73 de la Constitución, minuta enviada por el Senado de la República, que resguardan sus derechos de libertad de expresión.

La minuta de reforma al artículo 73 de la Constitución Mexicana, va encaminada a los delitos del fuero común que tengan conexión con delitos en contra de periodistas, personas o instalaciones que afecten el derecho de la información o las libertades de expresión o imprenta.

Según el artículo 135 de la Constitución Mexicana, la Minuta, aprobada el 13 de marzo por el Senado de la República, requiere que sea aprobada por el Congreso de la Unión, con el voto de las dos terceras partes de los legisladores presentes y, que sean aprobadas por la mayoría de las legislaturas de los Estados.

La libertad de expresión es una de las condiciones de existencia y de posibilidad de un régimen democrático, "Uno de los medios donde la sociedad ve implícito este derecho es a través de las personas que ejercen la loable función de informar a través de opiniones personales, al verse involucrados en su labor como son los periodistas, empresas periodísticas, se sienten vulnerados en sus principios básicos consagrados constitucionalmente", expresó el diputado Héctor García García, presidente de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales del Congreso local.

En los últimos años, las personas que se dedican al periodismo, se han enfrentado a problemas que existen en todos los niveles, como es la delincuencia organizada que repercuten en este gremio.

"Es de suma importancia dotar de mecanismos que respondan a la protección de manera adecuada y efectiva al grave riesgo que sufren en el ejercicio de su profesión, sin dejar impunes los hechos violentos realizados en su contra", enfatizó.

Esta reforma pretende fijar un mecanismo de excepción, mediante el cual, se dé facultad a las autoridades federales para conocer de delitos del fuero común, cuando estos estén relacionados con delitos contra periodistas, personas o instalaciones que afecten, limiten o menoscaben el derecho de información, libertades de expresión o de imprenta.

Al ser aprobada por el Congreso de la Unión, su finalidad será enfrentar el problema que surge cuando existan elementos suficientes para que sea la federación la encargada de investigar, perseguir y sancionar algún delito que sea competencia de las entidades federativas.

"Este proyecto de decreto es una manera de coadyuvar a resolver estos delitos cuando las mismas autoridades locales lo soliciten, a petición de la víctima", señaló García García.