Diputados locales dieron su aval al Ejecutivo del Estado, para desincorporar del patrimonio estatal diversos inmuebles no prioritarios, con el objetivo de obtener recursos económicos que serán destinados a los rubros de seguridad pública  y procuración de justicia.

El expediente que contiene la descripción de los 324 lotes, fue presentado por Rodrigo Medina de la Cruz, Javier Treviño Cantú y Othón Ruiz Montemayor, Gobernador, Secretario General de Gobierno y Tesorero del Estado, respectivamente.

En el dictamen, puesto a la consideración del Pleno por el diputado Héctor Morales Rivera, presidente de la Comisión de desarrollo urbano, solicita la autorización del legislativo para vender, rentar o para su uso o aprovechamiento por un término de cinco años.

"Los integrantes de la Comisión de Desarrollo Urbano, procedimos al estudio del fondo de la solicitud de mérito y demás documentales allegadas a la misma", expresó el diputado Juan Carlos Holguín Aguirre, quien apoyó con la lectura del dictamen.

El precio de los inmuebles se fijará en base a los avalúos expedidos por instituciones de crédito o por el Instituto y Colegio Mexicano de Valuación de Nuevo León, u organismos con objeto semejante, conforme a lo dispuesto en la Ley de Administración financiera del Estado.

"Son inmuebles que no son de prioridad para el Estado, el ejercicio va a ser totalmente transparente, va dirigido al tema que más preocupa en este momento a todos los habitantes de Nuevo León, como es el de procuración de justicia y seguridad pública" señaló en entrevista el diputado Héctor Gutiérrez de la Gaza, presidente de la Comisión de Coordinación y Régimen Interno.

A su vez, agregó, que en la cuenta pública habrá un capítulo específico en el cual se señale a quién se le vendió, es decir total y absolutamente transparente, donde se señale para qué proyectos, en el marco de seguridad, se encaminarán.