La LXXII Legislatura del Congreso Local, presentará una Controversia Constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para reclamar la omisión que ha cometido el H. Congreso de la Unión y el Ejecutivo Federal, al no expedir el Sistema Federal de Justicia Integral para Adolescentes.

Ya que el fenómeno de la delincuencia organizada está afectando directamente al sector juvenil y con el propósito de reorientar la aplicación de las leyes hacia este sector de la población, esta Legislatura, llevó a cabo varios foros de análisis sobre el tema, llegando a la conclusión de que es a nivel federal donde se carece de un Sistema de Justicia para Menores Infractores.

Es de mencionarse que en fecha 12 de diciembre de 2005, la Constitución Federal reformó su artículo 18, estableciendo que "la Federación, los Estados y el Distrito Federal establecerán, en el ámbito de sus respectivas competencias, un sistema integral de justicia que será aplicable a quienes se atribuya la realización de una conducta tipificada como delito por las leyes penales y tengan entre doce años cumplidos y menos de dieciocho años de edad".

"Es indispensable que la Federación se involucre, asuma sus responsabilidades y se coordine con las entidades por el bien de los propios jóvenes y la sociedad", afirmó el diputado Héctor Gutiérrez de la Garza, presidente de la Comisión de Coordinación y Régimen Interno, quien presentó el acuerdo legislativo ante el pleno.

Gutiérrez de la Garza señaló que, el Congreso de Nuevo León, atendiendo a este mandato, en el año 2006 emitió la Ley General de Justicia para Adolescentes, además de adecuar otras leyes para que estén en congruencia al tema.

Explicó, que la omisión en la que ha incurrido la federación, ha impedido que se cumpla cabalmente este mandato constitucional, para impartir justicia a los menores infractores acorde a los tratados internacionales.

"Como Poder del Estado tenemos, como herramienta legal para atender este incumplimiento, la controversia constitucional, para llamar la atención en esta asignatura pendiente y que el Presidente de la República y diputados federales tomen cartas en el asunto a la brevedad", subrayó el legislador.

El acuerdo legislativo, firmado por los coordinadores de las bancadas del PRI, PAN, PANAL, PVEM, PT y PRD, autoriza a la Dirección Jurídica de este Poder Legislativo, a que elabore el proyecto de demanda de Controversia Constitucional, así como al diputado Jorge Santiago Alanís Almaguer, en su calidad de Presidente de la Mesa Directiva, para que la respalde.