Para lograr una mayor transparencia en los ingresos obtenidos por los parquímetros instalados en vías públicas, el Congreso del Estado  exhortó a los 51 municipios del Estado a que refuercen sus medidas y mecanismos que logren una mejor rendición de cuentas de estos recursos.

El diputado Héctor Morales Rivera, quien presentó el punto de acuerdo, comentó que ante el aumento del parque vehicular en el Estado, y los escasos lugares para estacionarlos, es necesaria la puesta en marcha de estrategias y soluciones para fomentar el uso del transporte público colectivo, ya que el estacionamiento en la vía pública genera una problemática mayor si no es regulado.

Menciona que el cobrar el estacionamiento en la vía pública, es una buena alternativa para reducir el congestionamiento que éstos producen, no debiendo ser aplicado de manera indiscriminada, sino que deberán ser los gobiernos municipales los autorizados en definir los criterios para determinar, mediante estudios, qué lugares son viables para su instalación.

Para evitar desvíos y malos manejos de los recursos públicos en este rubro, su manejo debe de ser transparente, con una apertura efectiva que permita a la ciudadanía conocer los montos obtenidos semanal o mensualmente, considerando para ello, que dicha información deba de ser publicada por los Municipios a través de sus sitios de internet.

"Los Municipios que pretenden ampliar las zonas donde se instalen parquímetros, deben garantizar y transparentar la seguridad del ingreso de los ya existentes, procediendo a su inmediata renovación, pues en la mayoría de los casos se tratan de aparatos obsoletos que datan desde hace más de 20 años", agregó Morales Rivera.

El legislador señaló que, con el exhorto, se trata de mejorar,  hacer eficiente y transparentar la recaudación de los recursos públicos producto de los parquímetros, destinándolos al fortalecimiento de programas municipales de asistencia pública y social, como el alumbrado público, pavimentación, equipamiento urbano, entre otros.

Además, se les solicita a las administraciones Municipales, a que realicen un programa de sustitución progresiva de los dispositivos ya obsoletos, y que detengan su instalación en zonas nuevas, si no se cuenta con los criterios definidos para su colocación y los estudios que permitan determinar la conveniencia de su instalación.