Diputados locales aprobaron un exhorto dirigido al Tesorero del Estado, Othón Ruiz Montemayor, para que, en cumplimiento al artículo 41 de la Ley de Impulso al Conocimiento y a la Innovación Tecnológica de Nuevo León, se destine al menos el 1% del presupuesto anual del Estado, para lograr los objetivos y fines de esta ley.

Luego de la reunión entre los integrantes de la Comisión Especial de Ciencia y Tecnología del Congreso del Estado y el Director del Instituto de Ciencia y Tecnología, Jaime Parada Ávila, en la que se presentaron los avances de dicho instituto, así como el financiamiento que se requiere para seguir impulsando el desarrollo tecnológico del Estado, el diputado Hernán Belden Elizondo, presidente de la mencionada comisión, presentó un punto de acuerdo ante la Asamblea Legislativa, exhortando al Tesorero del Estado a cumplir con lo establecido en dicha ley.

El exhorto tiene el fin incrementar gradualmente los recursos disponibles por año hasta completar el 1 por ciento del presupuesto anual del Estado, para iniciar el Fondo Estatal para Impulsar el Conocimiento y la Innovación Tecnológica en el 2012.

Los recursos que la ley en mención establece serán aplicados para realizar los proyectos contenidos en el Plan Estratégico que impulsen el desarrollo tecnológico en el Estado.

"La propuesta pretende cumplir con la Ley de Impulso al Conocimiento y a la Innovación Tecnológica para el Desarrollo del Estado que estipula un mínimo del uno por ciento del presupuesto de egresos del Estado", señaló Belden Elizondo.

El diputado enfatizó  que Nuevo León debe seguir distinguiéndose como uno de los estados más competitivos y con mayor potencial de desarrollo del país, siendo la principal estrategia para este fin, el incrementar la inversión en ciencia, tecnología e innovación.

Además, el exhorto fue remitido  a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión para que en el examen, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2012, se contemple lo dispuesto en el artículo 9 Bis de la Ley de Ciencia y Tecnología, que establece que el monto destinado a actividades de investigación científica y desarrollo tecnológico no podrá ser menor al 1 por ciento del Producto Interno Bruto del País.