La Comisión de Justicia y Seguridad Pública del Congreso del Estado, llevó a cabo una mesa de trabajo, para someter a análisis la iniciativa de reforma al Código Penal en materia del delito de la desaparición forzada de personas.

En esta sesión de trabajo, en la que se hicieron reflexiones generales por parte de los asistentes, se despejaron dudas, dejando más claro el procedimiento a seguir para tipificar este delito en el Nuevo León.

"Definitivamente tenemos que legislar en materia de desaparición forzada de personas, hay que tener claro que este es un delito que atenta contra los derechos humanos y que es cometido por servidores públicos", explicó Cesar Garza Villarreal, presidente de esta Comisión.

Alan García Campos, representante de la oficina del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas, quien estuvo presente en esta sesión, hizo la recomendación de legislar lo más pronto posible en esta materia, además de agradecer el compromiso político que existe por parte del Legislativo local, refrendando el apoyo a esta comisión para nutrir el trabajo de esta Soberanía.

El objetivo de regular la ejecución de sanciones penales en este tema, tiende a limitar el hecho de que se cometan ilegalidades argumentando la legalidad.

Este asunto, que ocupa el interés de CADHAC, de diputados del Congreso, y de las Naciones Unidas, es un compromiso suscrito por México en la convención sobre derechos humanos, por lo tanto, debe de ser incorporado en el código penal de Nuevo León.

"Tenemos más de un año y medio de estar analizando diversas posibilidades y creemos que estamos ya muy cerca de poder tener el dictamen para incorporar el delito de la desaparición forzada de personas a nuestro código", explicó Garza Villarreal.

Comentó que, este delito se ejecutaría, básicamente, contra autoridades policiales e investigadoras, que en el ejercicio de sus actividades, privan de la libertad a una persona, ocultan su detención y le niegan los derechos que le corresponden.

El legislador, señaló que, son estos elementos, los que los motivan a la redacción de este artículo.

 

Por eso creemos, expresó, "se debe de poner un alto claro, debe de combatirse toda acción que tienda a ocultar o esconda el paradero de una persona cuando fue privada de la libertad por una autoridad".

En esta reunión, se recomendó, que la penalidad tiene que ser proporcional a la conducta realizada, es decir, cuando la conducta se traduce en la pérdida de la vida de la persona o cuando se traduce en una acción de consecuencias graves para la persona debe de tener una sanción equiparable a la del secuestro o a la del homicidio, en el caso de Nuevo León, la pena sería de  30 a  60 años.

Comentó, que cuando el sujeto activo colabora con la autoridad, para encontrar con vida a la víctima y se logra resolver este caso sin la pérdida de la vida, se le podrán dar atenuantes para que la pena sea menor, pero en todo caso, no se podrá sancionar el delito de la desaparición forzada con una pena menor a la que se le da hoy a la privación ilegal de la libertad.

Añadió, que en el caso de la desaparición forzada de personas, la privación de la libertad puede ser legal, es decir, la persona puede ser detenida cometiendo un delito, y por ende, la detención es legal, pero si, al ser detenida, se oculta a esta persona, y no se da el debido procedimiento, entonces se encuadra la desaparición forzada, a diferencia del delito de la privación ilegal de la libertad.

Para concluir, el legislador, mencionó, que el próximo viernes 14 de octubre, se circulará el proyecto de dictamen, para poder hacer las observaciones necesarias al mismo, y poder presentarlo ante los integrantes de la comisión para su aprobación.

Además del alto Comisionado de la ONU, estuvieron presentes, Minerva Martínez Garza, presidenta de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, Nuevo León y Consuelo Morales Elizondo, directora de CADHAC.