La Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales aprobó, en segunda vuelta, reformas a diversos artículos de la Constitución Local.

Entre las modificaciones se encuentra la precisión al artículo 137, en relación a la presentación de la cuenta pública del ejercicio fiscal, la cual actualmente establece que ésta podrá ser presentada hasta el 31 de marzo del año siguiente, con la reforma se establece que los municipios tendrán como fecha límite este día.

Otro de los expedientes que fue presentado, comentó el diputado Héctor García García, presidente de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, tiene que ver con los convenios en los límites territoriales de los municipios, con esta reforma al artículo 63 del ordenamiento local, se permiten los convenios entre municipios, y que al ser aprobados por las dos terceras partes de los integrantes de la Legislatura, estos convenios podrán proceder.

Con la aprobación al artículo 26, los municipios tendrán la obligación de, además de presentar un plan de desarrollo urbano, ahora también será obligación constitucional, establecer un Plan de Desarrollo Humano, que sea incluido cada tres años al inicio de la Administración por los presidentes municipales.

Por otra parte, siendo el informe municipal la mayor promoción de los logros de los Ayuntamientos, con la reforma aprobada al artículo 151 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Municipal, ahora será una obligación de los alcaldes hacer públicos sus informes, presentando una síntesis del mismo en la gaceta municipal o en el periódico oficial del Estado.

Una vez  presentadas y aprobadas por el Pleno del Congreso, estas reformas a la Constitución Estatal, entrarán en vigor después de su publicación en el Periódico Oficial.

Además, se aprobó la obligación del Estado y de los municipios de dotar de agua a todos sus habitantes, precisando en una adición al artículo 3, el derecho a un medio ambiente sano.

"Esto es de avanzada, porque todos sabemos que no todos los fraccionamientos tienen agua potable. Esta obligación, seguramente desencadenará otras leyes que obliguen presupuestalmente y den las facultades al Estado para que todos los ciudadanos de Nuevo León puedan tener agua", consideró el legislador.