A fin de analizar y establecer  como delito la desaparición forzada de personas, cometidas por servidores públicos, la Comisión de Justicia y Seguridad Pública del Congreso del Estado llevó a cabo su segunda mesa de trabajo, en la que además fueron abordados otros temas.

El diputado César Garza Villarreal, presidente de la comisión, explicó que esta acción se realiza, por servidores públicos, material o intelectualmente, cuando una persona es detenida, negando el hecho.

 

En la lucha que se ha generado, entre particulares y autoridades, para la investigación de los hechos vinculados a la delincuencia organizada, no se descarta que se puedan cometer abusos por algunos elementos de cualquiera de las instituciones públicas que combaten a la delincuencia, como la desaparición de una persona, privación o detención irregular, así como el ocultamiento de la detención y no presentarlo a las autoridades ministeriales de manera inmediata, encuadrando un delito que es el de desaparición forzada de personas cuyas penas son similares a las del delito de secuestro.

Garza Villarreal comentó que la Reforma Constitucional, en materia de Derechos Humanos, que habla acerca de la garantía que tienen los ciudadanos de que se establezca este delito, es lo que marca la necesidad para tipificarlo.  

"Las legislaturas de los Estados debemos avocarnos a tipificar el delito de desaparición forzada de personas que tiene una diferencia con respecto a la privación ilegal de la libertad o el secuestro, en el que el móvil principal es obtener una ganancia económica", dijo el legislador.

Señaló, que de prosperar estos trabajos, Nuevo León tendría esta herramienta que consagra la Constitución Federal.

"En la iniciativa que estamos estudiando, se establecen penas de 45 a 60 años, siendo un delito equiparable al del secuestro y con un agravante más, cometido por autoridades", puntualizó.

Subrayó que se encuentran en fase inicial, y que la Comisión estará atenta para recibir la iniciativa del Ejecutivo, para procesar las que ya se tienen, afinarlas y lograr la mejor redacción para que el Estado tenga un Código Moderno.

Por otra parte, se avanzó en el análisis de la iniciativa sobre taxis piratas, recalcando que el motivo de la iniciativa recae en el artículo 174 bis del mismo ordenamiento legal, en el que se sancionan ciertas conductas, tales como:

1.- Prestar el servicio de taxi en un vehículo que no tiene concesión, es decir, taxi pirata.

2.- Ser chofer de un taxi y no tener licencia especial para realizar esa función.

3.- El rentar un taxi, a un chofer que no tiene licencia.

4.- Agrupar a personas, con el propósito de incitar a prestar un servicio de taxi, sin concesión.

En la iniciativa que  el Ejecutivo propone, se establece como parte de la sanción de la pena, la revocación de la o las concesiones que le hayan sido otorgadas al concesionario al momento de cometerse un delito con el vehículo.

El tema relativo a las licencias de conducir, quedó reservado para su posterior estudio con los promoventes de la iniciativa.

En relación a la iniciativa en materia de robo de vehículos con violencia, se acordó la necesidad de aumentar las penas a quien cometa este tipo de delitos.

Actualmente, el Código establece sanciones que van desde los 6 a 12 años.

Se discutió la iniciativa enviada por el Ejecutivo, en la que se proponen penas de 20 a 50 años.

Garza Villarreal mencionó que, en primera instancia, la opinión de la Comisión es mantener el criterio de la iniciativa, pero que en una próxima reunión serán vertidos los argumentos a favor y en contra de esta propuesta.

Comentó que, de llevarse a cabo un Periodo Extraordinario, las iniciativas relativas a taxis pirata, corrupción de menores, robo calificado de vehículos  y las reformas a la Defensoría Pública, estarán listas para ser presentadas ante el Pleno.