Para lograr la reinserción social de los reos, la LXXII Legislatura, aprobó reformas a la Ley que Regula la Ejecución de Sanciones Penales.

Uno de los objetivos de esta iniciativa es adecuar dicha ley a la realidad actual, buscando la reinserción social del interno.

Lo anterior  traerá como consecuencia un cambio trascendental en la concepción de la administración en relación al sistema penitenciario.

Además, repercutirá en la forma de llevar a cabo el mismo y atender a los internos, con el fin específico de lograr su reinserción a la sociedad.

El diputado César Garza Villarreal, presidente de la Comisión de Justicia y Seguridad Pública, explicó que el artículo 5 transitorio del Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, conocido como la reforma al sistema de justicia y al sistema de seguridad pública nacional, establece la obligación de que en tres años máximo, los estados deben adecuar su legislación secundaria para cumplir con las garantías que establece el artículo 18 de la Constitución Federal, en materia de reinserción penal o sistema penitenciario,  cuyo plazo vence el 18 de junio del 2011.

Se deposita en el Poder Judicial la facultad de modificar las penas y su duración, estableciendo para el Poder Ejecutivo la organización de las prisiones, así como a la ejecución de las penas ordenadas por el Juez.

Con los cambios que se han aprobado en el Congreso Local a la Ley Orgánica del Poder Judicial y a la Ley de Ejecución de Sanciones Penales, Nuevo León cumple en tiempo y forma dentro del plazo constitucional.

Ahora, el Poder Judicial, deberá supervisar o vigilar la ejecución de las sanciones, verificar su cumplimiento y las condiciones en que deba darse, podrá imponer, modificar las penas y su duración.

Todos los delitos que se cometan a partir del 19 de junio, cuando lleguen a sentencia van a estar protegidos por la nueva Ley de Ejecución de Sanciones Penales y por el Juez de ejecución de sanciones que se incorpora.

Esto cambia el sistema penitenciario porque serán tres los Jueces de ejecución de sanciones, mismos que tendrán dos funciones:

 

1.- Resolver las quejas e impugnaciones del sentenciado, con respecto a su situación en el centro penitenciario.

2.- Vigilar la forma del sistema penitenciario en lo general.

Así como visitar dos veces por mes los centros penitenciarios, para constatar las condiciones de operación y emitir su opinión a la Secretaría de Seguridad Pública propiciando las condiciones necesarias para que el sistema penitenciario cumpla el propósito de reinserción social que da la Constitución.

"Estamos convencidos de que con esta nueva institución, nuestro sistema jurídico va de la mano con la más avanzada filosofía de respeto por los derechos humanos", dijo el diputado Tomás Montoya Díaz, quien dio lectura al decreto. 

Además, con el objeto de proveer los mecanismos que se requieren para la correcta impartición y procuración de justicia, estableciendo  facultades al Poder Judicial del Estado, para la implementación del sistema acusatorio, legisladores locales aprobaron por unanimidad, en segunda vuelta, reformas a la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Con la aprobación del nuevo código Procesal Penal, ordenamiento legal que establece la implantación de un nuevo sistema de enjuiciamiento penal de carácter oral y acusatorio, y plantea, entre otras cosas, la transformación del rol de los agentes del Ministerio Público, defensores y policías investigadores en el proceso penal, además de la profesionalización y mejoramiento de los Sistemas de Seguridad Pública.

Para adaptar el nuevo sistema penal acusatorio, es necesario reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, para incorporar las nuevas figuras de jueces de control y los jueces de ejecución, así como los Juzgados de Juicio Oral Penal Colegiados.

Los jueces de control, estarán encargados de resolver, las solicitudes de medidas cautelares, órdenes de protección precautorias de emergencia y preventivas, así como las técnicas de investigación de la autoridad, garantizando los derechos de los indiciados y de las víctimas y ofendidos.

"Esta Comisión dictaminadora avala la reforma en estudio a fin de que este Congreso del Estado contribuya a la implementación del nuevo sistema penal acusatorio", dijo el diputado Tomás Montoya Díaz, integrante de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales.

Con motivo de la inclusión de las figuras de los Jueces de Control y Ejecución de Sanciones Penales, se modifica el orden del articulado en la mencionada ley.