Ante la actual problemática de seguridad que se vive en el país, resultado de la delincuencia organizada, la LXXII Legislatura aprobó por unanimidad reformas al Código Penal.

Las modificaciones, propuestas por los integrantes de la Comisión de Justicia y Seguridad Pública, se realizan con el fin de agravar las sanciones en materia de delincuencia organizada cuando ésta sea cometida por servidores públicos.

Exponen, que la problemática  de seguridad, de la cual Nuevo León no ha sido ajeno, los lleva a tomar medidas a efecto de buscar para las familias nuevoleonesas una mejor calidad de vida para que puedan desarrollarse en un entorno de seguridad integral.

La delincuencia organizada aqueja a la sociedad pues esta conducta delictiva no sólo daña a los habitantes del Estado, si no que este tipo de organizaciones han contaminado a las instituciones estatales y municipales de seguridad pública.

Teniendo como consecuencia la pérdida de confianza del ciudadano hacia dichas autoridades, logrando con esto que los ciudadanos no se atrevan a denunciar cuando son víctimas de algún delito cometido por estos grupos delictivos.

La reforma propone, que cuando algún servidor público se vea implicado al servir a los grupos delictivos, a este no solamente se le aplique lo conducente al capítulo de delincuencia organizada, sino que, dado a su condición de funcionario, se le aplique una agravante sancionadora ejemplar.

Toda vez, que el funcionario aprovecha su investidura para proteger, informar, o no proceder como la ley le ordena en delitos donde se vean inmiscuidos miembros de dichas organizaciones criminales, sirviendo con esta medida que al momento de ser juzgados y condenados se les apliquen sanciones más severas.

"Creemos que al aprobar esta iniciativa, se envía un claro mensaje a la ciudadanía en general y en especial a los servidores públicos, en donde se advierten las graves consecuencias de traicionar la confianza dada y el respeto que se le debe de prodigar a las funciones gubernamentales, luego entonces, manifestamos nuestro apoyo a esta medida" mencionó el diputado César Garza Villarreal, quien presentó el documento en Tribuna.

Con la adición de un segundo párrafo al artículo 176 del Código Penal, se agravan al doble las sanciones por el delito de delincuencia organizada cuando ésta sea cometida por servidores públicos de instituciones de seguridad pública, fuerzas armadas, de procuración e impartición de justicia o de ejecución de sanciones penales o que haya laborado en ellas.

"Nuevo León es Estado líder en combatir la infiltración, somos el único Estado de la República que ha certificado a totalmente a su Gabinete de Seguridad, también somos el Estado en el que más policías han sido presentados ante autoridades judiciales por su coparticipación con hechos delictivos con la delincuencia organizada" destacó el legislador.

"Nos sumamos, desde el Poder Legislativo a este esfuerzo que hacen las autoridades, duplicando las sanciones establecidas en nuestro código, cuando el delito es cometido por servidores públicos del sistema de impartición de justicia" concluyó.