Con el fin de evitar la discriminación el Congreso Local solicitó al Municipio de San Pedro Garza García, suspenda el registro de trabajadoras domésticas implementado desde hace algunas semanas por esa administración.

El punto de acuerdo fue presentado por la diputada María de Jesús Huerta Rea, presidenta de la Comisión de Desarrollo Social y Derechos Humanos, por violentar presuntamente los derechos humanos de éste grupo de la sociedad.

La Legisladora explicó que el empadronamiento de empleadas domésticas en el municipio de San Pedro Garza García, es inconstitucional, toda vez que el objeto de dicha acción no es social, sino clasista, al señalar a un sector como delincuente.

Señala el documento al que dio lectura la Legisladora que el motivo por el cual se lleva a cabo el registro es derivado de que el 60% de los robos cometidos a casa habitación son realizados por este segmento de la actividad productiva.

Situación, que, comenta la Legisladora, tiende a criminalizar a quienes se dedican a la labor doméstica, además de violentar el principio de presunción de inocencia.

Mencionó que en ningún momento están en contra de que se implementen acciones por parte de las autoridades municipales que conlleven a la seguridad patrimonial de los habitantes, lo que se reprueba es que sea en menoscabo de los derechos humanos de un grupo.

"Nuestras acciones deben de fundamentarse siempre en el respeto a los derechos de terceros, mucho más tratándose de una autoridad, las brechas entre las clases sociales ya son bastantes amplias, como para agrandarlas aún más" expresó Huerta Rea.

"No se pueden llevar a cabo acciones lesivas en contra de los derechos humanos y que este Poder Legislativo se quede inmune, sin tomar una postura que repruebe dichas acciones, ya que es obligación de esta Soberanía  gestionar las demandas de los nuevoleoneses" agregó.

Además, de la suspensión del Programa "De ti y Por ti", se solicita se remita copia del presente acuerdo al Delegado Regional del IMSS en el Estado, a fin de que promueva que las trabajadoras domésticas empadronadas, cuenten con Seguridad Social y sean dadas de alta en el Instituto Mexicano del Seguro Social.

Así mismo, se remitirá copia a la Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado y al Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Minerva Martínez Garza y Raúl Plasencia Villanueva, respectivamente, por presunta violación a los derechos humanos que representa el empadronamiento de empleadas domésticas.