El Congreso del Estado aprobó la reforma constitucional que abre paso a un nuevo sistema penal acusatorio basado en el principio de "presunción de inocencia", para garantizar mayores derechos a indiciados y víctimas del delito.

A nombre de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, el Diputado César Garza Villarreal, presentó al Pleno, en segunda vuelta, el dictamen correspondiente, que recibió el voto unánime para su aplicación definitiva.

Con la reforma local, que se aprobó en primera vuelta el pasado 20 de septiembre, Nuevo León se suma a la transformación integral al sistema de justicia federal, al rediseñar la administración, procuración y aplicación de justicia.

En Periodo Extraordinario de Sesiones, la modificación legal obtuvo el voto unánime de los Diputados, producto de un minucioso análisis a través de diversas mesas de consulta con representantes del Tribunal Superior de Justicia, la Procuraduría de Justicia, Colegios de Abogados, académicos y jurisconsultos.

Con esta aprobación, el mismo Congreso deberá emprender adecuaciones al Código Penal del Estado, a la Ley Orgánica del Poder Judicial, a la Ley Orgánica de la Procuraduría de Justicia, entre otras normas.

Un punto medular es el impulso a la profesionalización de los cuerpos policiacos para que puedan participar en las tareas de investigación, además que se abrirá la posibilidad de que los particulares puedan solicitar acción penal ante los jueces, sin la intervención del Ministerio Público, como es en la actualidad.

Entre otras figuras que se introducirán destacan los "jueces de control" que tendrán la responsabilidad de dar celeridad a los asuntos y vigilar que se hayan cumplido los procedimientos conforme a derecho para garantizar los derechos de víctimas e indiciados.

Además, se introducen juicios orales en materia penal ante juzgados colegiados y las audiencias serán abiertas al público. Asimismo, se establecen formalmente medios alternos para solución de conflictos con participación de las autoridades para supervisar su cumplimiento, en aras de que los daños sean reparados.

Se establece la obligación de los jueces de estar presentes en todas las audiencias, al tiempo que se da mayor fortaleza a la Defensoría Pública para que pueda ofrecer un servicio profesional de calidad, tanto a ofendidos como a inculpados.

Se elimina el concepto de "auto de formal prisión" para sustituirlo por el de "auto de vinculación al proceso", bajo la óptica de que el término actual implica un señalamiento negativo sin que haya de por medio una sentencia judicial. De igual forma, para la reclusión preventiva de los inculpados que así lo requieran deberá cumplirse en centros especiales.

A favor del dictamen se pronunciaron los Diputados Héctor García García, María de los Ángeles Herrera García y Hernán Salinas Wolberg.

Hay que precisar que en el análisis particular de los artículos, los diputados César Garza, Jovita Morín Flores y José Ángel Alvarado Hernández reservaron disposiciones referentes a la delincuencia organizada, para posponer su aplicación hasta que el Congreso de la Unión logre las reformas legales correspondientes a nivel federal.

Abaten rezago 

En general, durante el Periodo Extraordinario de Sesiones los Diputados desahogaron un total de 30 expedientes, con lo que se abatió el rezago legislativo.

Se dio trámite a diversas licencias solicitadas por regidores y síndicos de los municipios de Allende, General Bravo, Melchor Ocampo y Los Ramones.

Del mismo modo, el Congreso emitió diferentes exhortos para que las autoridades correspondientes consideren, la posibilidad de instalar una red de comedores públicos gratuitos, verifiquen la situación del personal en el sistema penitenciario y que se analice la posibilidad de rehabilitar las canchas deportivas en el lecho del río Santa Catarina.

El Diputado Héctor García García, Presidente de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, solicitó y le fue autorizado posponer el análisis de dos expedientes que se contemplaban en la lista original para el Periodo Extraordinario de Sesiones: uno relacionado con la reforma federal en materia de amparo y el otro sobre las observaciones hechas por el Ejecutivo respecto a resoluciones del Congreso.