La Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales del Congreso del Estado aprobó un proyecto de reforma a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información para dar mayor claridad a las Asociaciones Público Privadas.

El Presidente del órgano colegiado, el diputado Héctor García García, destacó que la propuesta era necesaria para adecuar la norma ante las disposiciones de la Ley de Asociaciones Público Privada, aprobada en julio pasado, que implica nuevos esquema de trabajo entre las autoridades y empresas privadas.

"Se trata de una reforma en la que se debe, forzosamente, de publicar la información sobre el proyecto, sobre los costos, sobre los constructores, toda la información necesaria para hacer transparente la obra, las inversiones que hace el gobierno, las inversiones que hace el particular o obviamente la obra que se va a determinar", agregó García García.

El proyecto avalado por la mayoría de los integrantes de la Comisión agrega los requisitos, en materia de transparencia, que deben cumplir las autoridades cuando celebren un contrato de este tipo.

Si bien, la Ley de Transparencia ya contempla que los entes públicos deben publicar la lista de contratos con proveedores, en el caso de las Asociaciones Público Privadas se deben incluir más detalles.

"Deberán publicarse la convocatoria y bases para la adjudicación de proyectos de Asociaciones Público Privadas, las modificaciones que se lleven a cabo  y el fallo final", señala el texto aprobado.

Agrega el resolutivo que también se deberán poner a la luz pública "al menos de cada proyecto, el número de registro, el nombre de la contratante, nombre del desarrollador, la descripción general del proyecto, la fecha de contratación y el importe de los compromisos de pago o aportaciones de recursos estatales por cada año de vigencia del contrato".

En otro asunto, la Comisión de Legislación pondrá a consideración del Pleno del Congreso una modificación al Código Civil del Estado para que solamente sean los Jueces de lo Civil quienes puedan dar la dispensa para que menores de edad puedan contraer matrimonio.

García García explicó era costumbre que los Presidente Municipales podían otorgar esa autorización, pese a no tener facultades judiciales para ello, lo que se prestaba a pasar por alto, sin investigación, casos de violación o abuso sexual.

"Era costumbre que el Presidente Municipal pudiera dar esa dispensa, pero no es una autoridad judicial, la verdad es que la costumbre se hizo ley indebidamente, porque no todos los alcaldes son abogados y no son autoridad judicial, ni tienen la facultad personal de dar la dispensa", dijo García García.

Añadió que en los tiempos modernos se tiene que cambiar este criterio, ya que la decisión de aceptar un matrimonio entre adolescentes de 16 años debe recaer en la autoridad judicial competente.

Por otro lado, el Presidente de la Comisión anunció que en la primera semana de febrero se convocará a una mesa de trabajo para analizar una minuta enviada por el Senado de la República que pretende reformar la Ley Federal de Amparo.

García García adelantó que se recabará la opinión de juristas, magistrados, académicos y colegios de abogados para que los diputados integrantes de la Comisión tengan mayores elementos al momento de votar la propuesta, que busca reforzar el derecho de los ciudadanos a defenderse cuando perciban una violación a sus garantías individuales.