El Pleno del Congreso aprobó un punto de acuerdo para solicitar al Consejo de Coordinación del Sistema Integral de Seguridad Pública y a la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado un informe sobre la aplicación de los recursos para adquirir e instalar inhibidores de telefonía celular en los penales y otros centros de reclusión en la entidad.

A nombre de la Comisión de Justicia y Seguridad Pública, la diputada Jovita Morín Flores, presentó en tribuna el dictamen correspondiente que fue respaldado por el resto de los legisladores.

Explicó que el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal destinó recursos para que Nuevo León pudiera contar con la tecnología que evitaría casos de extorsión telefónica desde los centros de reclusión.

"Nos interesa saber y conocer sobre la aplicación de los recursos provenientes de la Federación en la materia que nos ocupa, más aún tratándose de la prevención y combate de los delitos en general, entre los que destacan las extorsiones telefónicas que lamentablemente sufren los habitantes del estado", expresó Morín Flores al leer el cuerpo del dictamen.

Se recordó que el Congreso del Estado ya aprobó reformas al Código Penal en el que se tipifica el chantaje telefónico, así como el ingreso de aparatos de comunicación a los centros penitenciarios y centros de internamiento de adolescentes.

"Por estas conductas reprobables que dañan gravemente a la comunidad en general y producidas en muchas de las veces por la operación de bandas criminales que operan desde el interior de tales sitios, reiteramos la necesidad de fortalecer en el Estado la seguridad a nuestros habitantes", dijo Morín Flores.

Se insistió en la petición dirigida al Consejo de Coordinación del Sistema Integral de Seguridad Pública del Estado para que informe sobre las gestiones, avances y pormenores tendientes a la aplicación de los recursos mencionados y la puesta en funcionamiento de los equipos inhibidores de señales de telefonía celular.

Los diputados Domingo Ríos Gutiérrez, Fernando González Viejo y José Ángel Alvarado Hernández subieron a tribuna para respaldar el sentido y contenido del dictamen.