La Comisión de Justicia y Seguridad Pública aprobó un proyecto de dictamen en el que propone la implementación de un programa de oferta de empleo a ex policías que hayan sido dado de baja por no haber aprobado las pruebas aplicadas por el Centro de Información para la Seguridad del Estado, de Evaluación y Control de Confianza (CISEC).

El diputado César Garza Villarreal, presidente de la Comisión, explicó que con este programa se daría seguimiento a los ex efectivos al abrirles una nueva oportunidad de desarrollo y se evitaría su eventual incursión en actos ilícitos.

Aclaró, sin embargo, que la propuesta considera hacer excepciones en los casos donde los ex elementos policiacos no hayan aprobado las pruebas de confianza.

"Se hace un atento y respetuoso exhorto al Secretario de Gobierno del Estado para que en el ámbito de sus atribuciones evalúe la posibilidad de diseñar e implementar un programa de oferta de empleo para los ex elementos policiacos que hayan sido de baja por motivos de resultados no satisfactorios en las pruebas practicadas por el CISEC y en donde pueda desarrollar actividades remuneradas que sean de beneficio para la comunidad", indica el texto aprobado.

El proyecto, que deberá ser sometido a consideración del Pleno del Congreso, aclara que no podrán acogerse a los beneficios del programa, aquellos ex policías que no cumplan con los perfiles de confianza.

Otro asunto desahogado por los diputados fue una solicitud dirigida a la Procuraduría de Justicia del Estado, a fin de que pueda establecer un protocolo de procedimiento para que las víctimas de algún delito puedan ser informadas y orientadas sobre los derechos que tienen y cómo ejercerlos.

"Se emite atento y respetuoso exhorto al titular de la Procuraduría de Justicia del Estado para que tenga a bien implementar las medidas tendientes a implementar un protocolo, en el cual todos los agentes del Ministerio Público del Estado, desde la primera intervención en una actuación, informen a la víctima o al ofendido los derechos que a su favor consagra la ley", dice el resolutivo aprobado.

El diputado Garza Villarreal adelantó que la importancia de este punto de acuerdo podría, incluso, derivar en una reforma al Código de Procedimientos Penales para que se garantice la aplicación de la Ley de Atención y Apoyo a las Víctimas y a los Ofendidos de Delitos en el Estado.

Recordó que así como el Congreso ha aprobado reformas para refrendar el derecho de presunción de inocencia a todos los inculpados, del mismo modo se deben fortalecer las garantías de las víctimas.

Por otro lado, la Comisión de Justicia aprobó un punto de acuerdo en el que se hace una solicitud a la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado para que informe sobre los recursos provenientes del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal.

En el cuerpo del proyecto se explica que parte de esos fondos debieran aplicarse a la compra e instalación de inhibidores de señales de telefonía celular en los centros penitenciarios del Estado y las áreas de reclusión para menores.

Asistieron a la sesión los diputados César Garza Villarreal, Tomás Montoya Díaz, Héctor Morales Rivera, Omar Pérez Ortega, Josefina Villarreal González, José Ángel Alvarado Hernández, Fernando González Viejo y Leonel Chávez Rangel.