Para otorgar congruencia al marco jurídico de Nuevo León, el Congreso del Estado aprobó, por unanimidad, diversas reformas a 27 leyes.

La mayoría de las modificaciones buscan adecuar términos y nombres de distintas dependencias estatales, ante la nueva Ley de la Administración Pública del Estado que entró en vigor en octubre de 2009.

La lectura del extenso dictamen corrió a cargo de los diputados Héctor García García, Jorge Santiago Alanís Almaguer, Héctor Morales Rivera, Tomás Montoya Díaz y Mario Emilio Gutiérrez Caballero, integrantes de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales.

En el cuerpo del dictamen se hace referencia a que, al inicio de la presente Administración Estatal, se fusionaron, desaparecieron o se crearon nuevas dependencias gubernamentales, lo que obliga a una actualización de las leyes vigentes.

Tal fue el caso de que la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas se convirtió en Secretaría de Obras Públicas, además que se crearon las Secretarías de Desarrollo Social, Desarrollo Sustentable y del Trabajo.

Del mismo modo, fueron elevadas a rango de secretarías la Contraloría y Transparencia Gubernamental, lo mismo que la Consejería Jurídica del Gobernador.

Los diputados recordaron que dejaron de existir la Agencia de Protección al Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Agencia para la Planeación del Desarrollo Urbano, el Consejo de Relaciones Laborales, el Consejo de Desarrollo Social y la Oficialía Mayor, cuyas funciones fueron absorbidas por las nuevas dependencias.

El diputado Sergio Alanís Marroquín, al expresar su apoyo al dictamen, dijo que la importancia de estas reformas radica en la necesidad de que haya congruencia normativa.

Advirtió que de no hacer los cambios, sería complicado resolver controversias legales, ante los cambios en la nomenclatura y funcionamiento del Gobierno central.

"Es necesario tener una homologación de las diversas leyes que comprenden la Administración Estatal", insistió el legislador.

Por su parte, la diputada Brenda Velázquez Valdez, aclaró que las reformas no son complejas, ni de fondo, pero aún así son imprescindibles para que Nuevo León tenga un marco regulatorio adecuado y congruente.

"La naturaleza de la reforma, aunque abundante, no es compleja, sino que involucra una mera revisión que confronte los textos normativos vigentes con la mencionada Ley de la Administración Pública del Estado, de la que se desprende que hacía falta una armonización", dijo Velázquez Valdez.