El Pleno del Congreso del Estado aprobó en primera vuelta y por unanimidad reformas a la Constitución Política de Nuevo León y a la Ley Orgánica del Poder Judicial que implican una transformación integral al sistema de justicia al rediseñar las instituciones de administración, procuración y administración de justicia para que los procesos penales sean eficaces con mayor garantía a los derechos de víctimas e inculpados.

Al defender en tribuna el sentido y contenido del decreto, el diputado César Garza Villarreal, Presidente de la Comisión de Justicia y Seguridad Pública, destacó que las trascendencia de este paso que sentará las bases para un nuevo sistema penal acusatorio en Nuevo León, que implicará un cambio de cultura en los servidores públicos de la procuración e impartición de justicia, de los abogados postulantes y de la sociedad en general.

"Este cambio que se propone al sistema penal acusatorio tiende a combatir uno de los fenómenos que ha provocado mayor incremento en el fenómeno de inseguridad en los últimos años que es: la impunidad, la notoria incapacidad de un sistema de procuración e impartición de justicia que es rebasado por la creciente actividad de violencia y la descomposición social", agregó Garza Villarreal.

El extenso dictamen, que fue leído en la sesión de este lunes por los diputados Héctor García García, Mario Emilio Gutiérrez Caballero y Tomás Montoya Díaz, tiene su eje fundamental "la presunción de inocencia" que deberá tener efectos en cada una de las etapas de los procesos, desde la investigación, hasta la sentencia.

Entre las figuras que se introducirán destacan los "jueces de control" que tendrán la responsabilidad de dar celeridad a los asuntos y que se hayan cumplido los procedimientos conforme a derecho para garantizar los derechos de las víctimas y de los indiciados.

Otro punto importante es que los beneficios de los juicios orales se verán reflejados en materia penal ante juzgados colegiados y las audiencias serán abiertas al público. Asimismo, se establecerán formalmente medios alternos para solución de conflictos con participación de las autoridades para supervisar su cumplimiento, en aras de que los daños sean reparados.

Igualmente, se establece la obligación de los jueces de estar presentes en todas las audiencias, al tiempo que se dará mayor fortaleza a la Defensoría Pública para que pueda ofrecer un servicio profesional de calidad, tanto a víctimas como a inculpados.

También se pretende eliminar el concepto de "auto de formal prisión" para sustituirlo por el de "auto de vinculación al proceso", bajo la óptica de que el término actual implica un señalamiento negativo sin que haya de por medio una sentencia judicial. De igual forma, para la reclusión preventiva de los inculpados que así lo requieran deberá cumplirse en centros especiales.

Dentro de la reforma constitucional, un punto medular es el impulso a la profesionalización de los cuerpos policiacos para que puedan participar en las tareas de investigación, además que se abrirá la posibilidad de que los particulares puedan solicitar acción penal ante los jueces, sin la intervención del Ministerio Público, como es en la actualidad.

El diputado Fernando González Viejo celebró el nuevo papel que jugará la víctima en el proceso judicial.

"Más allá de la mera modificación formal al procedimiento, este nuevo sistema penal acusatorio eleva la participación de la víctima como contendiente procesal, poniéndola al mismo nivel que el Ministerio Público en la impartición de justicia",  dijo.

Por su parte, el diputado Jorge Santiago Alanís Almaguer, destacó la oralidad como elemento fundamental en la trasparencia del nuevo sistema que se propone, a fin de garantizar públicamente los derechos de los afectados y de los acusados.

También se pronunciaron a favor del dictamen los diputados Sergio Alanís Marroquín y Juan Carlos Holguín Aguirre, quienes insistieron en la fortaleza que tendrá el Poder Judicial con las nuevas reformas, al considerar que habrá igualdad en la impartición de justicia.

En tanto, los diputados María de los Ángeles Herrera García y Homar Almaguer Salazar coincidieron en la necesidad de promover los cambios a la Constitución local para que Nuevo León esté en concordancia con las reformas federales en la materia.

Es de señalar que para que las reformas constitucionales puedan entrar en vigor, el dictamen debe ser sometido a consideración del Pleno en dos oportunidades en periodos de sesiones distintos, por lo que ahora se desahogó la "primeva vuelta".

Por otro lado, el Pleno del Congreso también aprobó en primera vuelta una reforma al artículo 19 de la Constitución Política del Estado con el propósito de cambiar el término de "Defensor de Oficio" por el de "Defensor Público", para adecuar el precepto y que esté en congruencia con otras disposiciones federales y locales.

El dictamen leído por el diputado Sergio Alanís Marroquín fue respaldado por los diputados Ramón Serna Servín, Brenda Velázquez Valdez, Jorge Santiago Alanís Almaguer, María de los Ángeles Herrera García y Homar Almaguer Salazar, quienes insistieron en la armonía que debe haber en las leyes aplicables.

Elementos del Nuevo Sistema Penal Acusatorio

• Oralidad: predominio de la expresión verbal sobre la escrita.
• Acusación: el juicio se basa en la acusación que formule el Ministerio Público y la contradicción que sobre la misma haga la defensa.
• Imparcialidad: el Juez no puede dar ventajas  ni realizar actos que rompan la igualdad entre las partes.
• Igualdad: las partes tienen las mismas oportunidades y derechos.
• Inmediación: el Juez debe presencia todas las audiencias.
• Publicidad: toda persona puede presenciar el desarrollo del procedimiento.
• Contradicción: implica que la parte que defiende y la que acusa tienen la posibilidad de debatir las pruebas aportadas.
• Concentración: la investigación del Ministerio Público ya no tiene valor preconstituido, sino que el Juez falla por las pruebas introducidas en juicio por ambas partes.
• Continuidad: las peticiones y decisiones se manifiestan en la misma audiencia.