Con el compromiso de velar por el desarrollo sustentable y evitar daños irreversibles al patrimonio de los ciudadanos, el Congreso del Estado presentó una Controversia Constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación contra el municipio de Monterrey por la figura de "Afirmativa Ficta" contenida en su Reglamento para las Construcciones.

 

En cumplimiento al acuerdo aprobado por la Diputación Permanente, se inició este recurso ante el Máximo Tribunal de la Nación al considerar que la norma municipal vulnera la Ley Estatal de Desarrollo Urbano, además que representa un riesgo ante el proceso de reconstrucción en el que está inmersa la ciudad, tras el paso del huracán "Alex" a principios de julio.

 

Los legisladores han insistido en que los severos daños en infraestructura a causa del meteoro hacen imperativo adecuar el reglamento municipal, aprobado en Cabildo el 8 de junio pasado, en el que se introdujo la figura de la Afirmativa Ficta, que contraviene la Negativa Ficta contenida en la Ley Estatal.

 

La controversia, signada por el diputado Sergio Alejandro Alanís Marroquín como presidente de la Diputación Permanente, fue presentada a consideración de los Ministros bajo el argumento de que una norma municipal no puede estar por encima de otra de carácter general.

 

Poco después del medio día de este lunes, el director jurídico del Poder Legislativo, Juan Manuel Guajardo Canales, acudió ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Ciudad de México, para formalizar el recurso contra el municipio de Monterrey.

 

Los diputados han reiterado su preocupación porque cualquier omisión, olvido o negligencia cometida por algún funcionario municipal podría resultar un daño irreversible al desarrollo y patrimonio de la ciudad, ya sea un permiso para construcción, ampliación, demolición, excavación, movimiento de tierra, bardas, muros de contención, uso de la vía pública, remodelación de fachada o alguna otra regulación.

 

La Afirmativa Ficta de Monterrey establece que cualquier solicitud formal de permiso que no sea respondida en 45 días se considerará aprobada para todo efecto legal, mientras que la figura de Negativa Ficta contenida en la Ley Estatal indica que sin respuesta oficial toda petición será considerada como negada.

 

En la Controversia Constitucional, el Congreso del Estado aclara a los Ministros que en ningún momento y bajo ningún concepto pretende menoscabar la autonomía municipal, sino que busca mantener la congruencia de las normas vigentes en Nuevo León.

 

Es de recordar que en la sesión del pasado viernes, la Diputación Permanente aprobó entablar este proceso contra el ayuntamiento regiomontano, luego que éste hizo caso omiso a dos exhortos enviados por el propio Congreso del Estado para que adecuara el reglamento en cuestión.