En una intensa jornada de trabajo legislativo, el Congreso del Estado aprobó las iniciativas de reforma en segunda vuelta en materia electoral en Nuevo León.

Los Diputados del Congreso arrancaron el periodo extraordinario de sesiones en donde sometieron a consideración del Pleno las reformas de la Ley Estatal Electoral.

Durante la sesión ante el Pleno, los legisladores locales de las diferentes fuerzas políticas representadas en el Congreso avalaron en lo general las iniciativas de reforma con 31 votos a favor, 8 en contra y 0 en abstención.

La propuesta original de aumentar del 1.5 al 2.5 por ciento de captación de votación para que un partido político pueda conservar su registro fue sometido a consideración del Pleno al ser reservado en lo particular, pero fue rechazada por el Pleno con 20 a favor y 19 en contra.

Las iniciativas fueron presentadas al Pleno ya que está establecido un término de tiempo límite del 2 del agosto del 2008, para que pueda ser publicada en el Diario Oficial del Estado.

Desde las 08:40 horas, los Diputados de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales hicieron lo propio aprobando por unanimidad de 9 votos a favor las iniciativas de reforma a la Ley Estatal Electoral de Nuevo León.

A las 23:50 horas, la Septuagésima Primera Legislatura abrió el Periodo Extraordinario de Sesiones ante el Pleno, donde los Diputados afirmaron conveniente y oportuno por la salud del Estado tener una Ley Electoral acorde con los comicios que se llevarán a cabo en el 2009.

Los expedientes que se abordaron son cinco identificados con los números 3781, 4120, 4157, 4393 y 4429 y seis Anexos con número 4555, 4742, 5044, 5087, 5159 y 5250 de diversas iniciativas de reformas a la Ley Electoral y la Ley Profesional de la Carrera Electoral.

La propuesta para privilegiar el financiamiento público sobre el privado fue también rechazada, por lo que quedó como se encuentra vigente en la Ley.

Además los legisladores aprobaron la reforma a la Ley del Servicio Profesional Electoral en el que se pretende incluir la figura legal de la Dirección de Fiscalización (de la Comisión Estatal Electoral) que obligará a los partidos polìticos a someterse a auditorías que podrá hacer este nuevo ente en forma directa o a través de terceros.

Así lo establecen los Artículos 51 en donde se podrá auditar en cualquier momento a los partidos políticos abriendo procesos de análisis extraordinarios aparte de los anuales y de los que se realizan al término de elecciones.

Durante la sesión extraordinaria, los legisladores consideraron la reforma de trascendental para la vida democrática del Estado y perfectible.

La Diputada María Dolores Leal Cantú y Blanca Nelly Sandoval Adame, del grupo legislativo del Partido Nueva Alianza, hicieron uso de la tribuna para manifestarse en contra en lo general respecto al dictamen para reformar la Ley, por considerarla ilimitada.

Por su parte, el Diputado Benito Caballero, a nombre del grupo legislativo del PRI, señaló que los partidos políticos se buscó adecuar el marco legal a las necesidades actuales y que antes de votar a favor del dictamen reservaron el artículo de la preferencia del financiamiento público sobre el financiamiento privado.

El Diputado José Manuel Guajardo Canales, a nombre del grupo legislativo del PAN, opinó que la idea primordial es que se fortalezca en la Ley, la arena de la contienda electoral, así como la arena de la contienda política civilizada.

El legislador Gerardo García Maldonado, del grupo legislativo del PT, se pronunció en contra del dictamen de la reforma electoral, mientras que Javier Ponce, del PAN, señaló que aunque la Ley no satisface a todos, es fruto de la coincidencia de ceder un poco para construir mejor y del esfuerzo de quienes han venido a obtener sinceramente lo mejor para el Estado.

Por su parte, Felipe Enríquez, legislador del PRI, dio a conocer su punto de vista sobre el dictamen de la reforma electoral y se pronunció a favor de que no exista manipuleo hacia el interior del Congreso, mientras que Guillermo Gómez, del grupo legislativo del PRD, afirmó que se requieren mejores actitudes y acciones para mejorar la vida democrática del Estado.