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Partido Revolucionario Institucional

Autor: Grupo Legislativo PRI

En el marco del mes del Orgullo LGBT y la aprobación del matrimonio y concubinato igualitario en Nuevo León, la Diputada local del PRI, Jessica Martínez Martínez exhortó a la Cámara de Diputados para que apruebe la reforma el artículo 209 Ter al Código Penal Federal y el artículo 465 bis a la Ley General de Salud, a fin de prohibir las terapias de conversión sexual, conocidas como ECOSIG.

En el documento entregado en la Oficialía de Partes del Poder Legislativo, la Diputada manifestó que es urgente realizar los ajustes necesarios a la legislación federal, a fin de abonar al respeto y brindar protección a las personas pertenecientes a la comunidad de la diversidad sexual.

"Con el objetivo de erradicar estas prácticas inhumanas y degradantes que soslayan la integralidad total de las personas, y refrendando nuestro compromiso de respetar los derechos humanos en nuestro estado, es que deben existir sanciones para quienes ofrecen estos servicios de terapias de reconversión o ECOSIG y sobre todo detectar a las víctimas para garantizar una reparación de daños integral", puntualizó.

Asimismo, se puntualiza que, lejos de corregir la orientación sexual de una persona las terapias tienen correlación con daños significativos a su salud mental y física, así como en su calidad de vida de las personas sujetas a estas terapias.

"En lugar de modificar la orientación sexual, erosionan la autoestima en las victimas e incrementan el riesgo de depresión, comportamientos suicidas y abuso de sustancias. También profundizan el aislamiento, victimizan, incrementan la vergüenza y quebrantan los lazos familiares; especialmente cuando las madres, padres u otros miembros de la familia presionan a una persona, a someterse a los ECOSIG para tener su amor y aceptación", agregó.

Actualmente, los ECOSIG se ejecutan en su gran mayoría, a través de tratamientos hormonales, esterilizaciones, cirugías y evaluaciones psiquiátricas de manera forzada, violencia y acoso.

Nuevo León forma parte de los estados en la República que su legislación prohíbe las terapias de conversión.