Grupo Legislativo
Partido Revolucionario Institucional

Autor: Grupo Legislativo PRI

• El Coordinador del GLPRI presentará iniciativa de reforma a la Ley de Obras Públicas para el Estado y Municipios de Nuevo León.

Para que el estado, los municipios y organismos autónomos puedan rescindir contratos o convenios con constructoras vinculadas a procesos penales, sin que ello implique multa, costo o sanción, el Coordinador del Grupo Legislativo del PRI, Heriberto Treviño Cantú, anunció que presentará una iniciativa de reforma a la Ley de Obras Públicas.

El líder de la bancada tricolor manifestó que se han registrado casos donde las empresas se prestan para realizar actividades fuera de su objetivo principal o realizar negocios fuera de la ley, que manchan injustamente la reputación de administraciones públicas.

"Esto puede provocar una crisis política, ya que el gobierno puede perder legitimidad y credibilidad ante la ciudadanía si se descubre que una empresa está involucrada en actos de indebidos, lo que genera descontento social, dudas, cuestionamientos y protestas", precisó el Coordinador priísta.

"Por eso voy a presentar iniciativa de reforma a la Ley de Obras Públicas para que los entes gubernamentales puedan rescindir contratos con las empresas que puedan vulnerar a la sociedad", indicó.

Treviño Cantú manifestó que cuando las constructoras o empresas contratistas son vinculadas con entidades gubernamentales el daño puede ser mayor, ya que no sólo se rompe la confianza del ciudadano con la autoridad pública, sino que hay un deterioro en las finanzas públicas, además que no hay una reparación de daños.

La iniciativa de reforma contempla modificar los artículos 43 y 44 de la Ley de Obras Públicas para el Estado y Municipios de Nuevo León.

"Es necesario que contemos con empresas más comprometidas con la comunidad, que sean socialmente responsables, que no se presten vulnerar los recursos públicos y que se apeguen a lo establecido en los marcos normativos", aseveró el líder de la bancada priísta.

"Además se busca proporcionar a los entes gubernamentales la posibilidad de proteger los intereses de la ciudadanía en cualquier momento durante el desarrollo de una obra pública", añadió.