Autor: Grupo Legislativo PRI
Uno de los compromisos que debemos refrendar y proteger es garantizar a la ciudadanía el derecho a la movilidad dentro del área metropolitana de Monterrey, así como en todo el Estado de Nuevo León, esto permitirá el traslado eficiente a sus centros laborales a los centros educativos y la realización de sus actividades cotidianas.
La Ley de Movilidad Sostenible y Accesibilidad para el Estado de Nuevo León, tiene por objeto garantizar el derecho humano a la movilidad reconocido en el artículo 3 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, a fin de regular el efectivo desplazamiento de personas y bienes en el Estado.
Entre sus disposiciones están las de establecer las bases y directrices para planificar, regular y gestionar la movilidad de las personas y del transporte de bienes; asimismo de garantizar el efectivo desplazamiento de las personas en condiciones de seguridad vial, calidad, igualdad y sustentabilidad;
Consideramos que la prestación de los servicios de transporte público en el Estado debe hacerse más eficiente y brindar certeza jurídica al prestador o concesionario, así como al usuario del transporte público.
Si bien es cierto, la creación de un Instituto de Movilidad y Accesibilidad fue un parte aguas permitiendo alcanzar algunos avances para una buena coordinación entre los distintos niveles de gobierno, como de alcanzar entendimiento en el área del transporte público.
Es urgente y necesario que Nuevo León cuente con una planeación y reestructuración del trasporte público en el estado para que cumpla a cabalidad con los objetivos que establece la Ley de Movilidad Sostenible y Accesibilidad para el Estado de Nuevo León que dé solución desde la raíz a la problemática que por décadas ha sufrido el transporte público en nuestra entidad.
Es evidente, como diariamente el ciudadano vive una problemática para trasladarse de un lugar a otro, para poder realizar sus actividades cotidianas, lo que provoca que pasen un gran tiempo en los traslados durante el día. Tiempo que deteriora su calidad de vida.
Desde la Bancada del Partido Revolucionario Institucional, consideramos oportuno hacer un llamado urgente desde esta Tribuna para que las autoridades del Transporte Público, se aboquen a presentar un plan estratégico e integral de reestructuración de las rutas urbanas en el Estado y puedan servir en conjunto con las demás alternativas del transporte como Metro, Ecovía y rutas alimentadoras para un trasporte de calidad.
Como lo marcan nuestras leyes, toda persona tiene derecho a un transporte público de calidad, digno, eficiente, a un precio asequible y con altos niveles de cobertura territorial.
Lo que buscamos con este exhorto que propone la Bancada del Partido Revolucionario Institucional es coadyuvar a la competencia de las autoridades en adoptar las medidas necesarias para garantizar el ejercicio de este derecho ciudadano.
Es por ello, que, desde esta tribuna, insistimos en la necesidad de implementar y conformar un sistema integral de movilidad enfocado a favorecer al usuario, incentivando el transporte de bajas emisiones contaminantes con pleno respeto de los usuarios más vulnerables y generando los estímulos necesarios para incrementar la oferta y demanda de este servicio.
Es por lo anteriormente expuesto, que ponemos a consideración de esta Soberanía en el siguiente Punto de Acuerdo que atentamente solicito sea votado en este momento:
ACUERDO
ÚNICO.- La Septuagésima Sexta Legislatura al Honorable Congreso del Estado de Nuevo León, acuerda hacer un atento y respetuoso exhorto al titular de la Secretaria de Desarrollo Sustentable, así como al Director General en funciones del Instituto de Movilidad y Accesibilidad de Nuevo León, para que de conformidad a las facultades que les otorga la ley, y en coordinación con los municipios del área metropolitana, presenten a la brevedad posible un proyecto integral de reordenación y reestructuración de las rutas del transporte público que circulan dentro del área metropolitana de Monterrey, que permita reducir y optimizar costos en el transporte público, garantizar el derecho a una movilidad de calidad, eficiente, seguro y sostenible para los ciudadanos del Estado.
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