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Partido Revolucionario Institucional

Autor: Grupo Legislativo PRI

• El Diputado Álvaro Ibarra presentó iniciativa de reforma a la Ley Estatal de Víctimas.
• Alertó que es urgente atender a niñas, niños y adolescentes que han quedado en la orfandad por feminicidio u homicidio.

Con el fin de saber cuántos menores de edad han quedado en la orfandad por feminicidio u homicidio y dar seguimiento a las necesidades básicas de su desarrollo, el Grupo Legislativo del PRI, a través del Diputado Álvaro Ibarra, presentó una iniciativa de reforma para crear el Registro Estatal de Víctimas.

Se trata de una reforma que plantea incluir el artículo 78 Bis en la Ley de Víctimas del Estado de Nuevo León, explicó Ibarra.

Al presentar la propuesta en la Oficialía de Partes del Congreso del Estado, el legislador del PRI comentó que, según datos de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, el Sistema de Desarrollo Integral de la Familia (DIF), y la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM), en nuestro país solo se reconocen como víctimas a 238 niñas y niños.

"En su correcta dimensión, nadie sabe quiénes son esos menores, dónde están, quién los atiende, cómo viven la ausencia, quién los mantiene; hasta la fecha no existe un registro público, ni una política federal de atención sistemática para garantizar su bienestar, lo más preocupante que resalta es que no se sabe si reciben atención, si van a la escuela, si tienen acceso a una correcta alimentación, y su acceso a los servicios de salud", advirtió Ibarra.

"Es por eso que propongo que se establezca en la Ley de Víctimas del Estado la obligación de crear un Registro Especial de Victimas indirectas de feminicidio, en el que se inscribirán a los menores de edad que hayan quedado en estado de orfandad, como consecuencia de la comisión del delito de homicidio o feminicidio", propuso.

El también Presidente de la Comisión de Justicia y Seguridad Pública resaltó que, en Nuevo León, se deben de implementar políticas públicas integrales que erradiquen la violencia contra las mujeres y que garanticen los derechos humanos de las víctimas, ya que no se puede hacer caso omiso ante esta situación que enfrentan miles de familiares de mujeres víctimas de este delito.

"Los menores quedan, usualmente, al cuidado de los abuelos, que deben sobrellevar, solos, el duelo y la crianza en una edad avanzada y, muchas veces, en un contexto de extrema pobreza. Nos queda claro que las víctimas del feminicidio y también del homicidio están en el desamparo y es urgente que sean atendidas de una manera integral en la que se brinde seguimiento oportuno de los casos y sean protegidos todos sus derechos", agregó Ibarra.

"Los beneficios de esta iniciativa, son el visibilizar a las victimas indirectas menores edad, tanto del homicidio como del feminicidio, y garantizarles su desarrollo integral, ya que, hasta este momento, han pasado desapercibidas y son quienes sufren mayormente los estragos de este tipo de conductas", manifestó.

Ibarra señaló que el Instituto Nacional de las Mujeres presentó un borrador del Protocolo Nacional de Atención Integral a Niñas, Niños y Adolescentes en condición de Orfandad por Feminicidio que será publicada en el Diario Oficial de la Federación para su aplicación a nivel nacional, por lo que es importante comenzar a legislar en la materia para garantizar que las dependencias involucradas en su implementación estén sujetas a su cumplimiento, por lo que exhortó al Instituto Nacional de las Mujeres, para que lo antes posible sea publicado dicho protocolo para su implementación en Nuevo León.

"Según datos del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) se calcula que las y los huérfanos por feminicidio alcanzaron la cifra de tres mil 600 en 2018 y más de 23 mil en la última década. De acuerdo con el documento La violencia contra las mujeres en México, cada 24 horas, en promedio, quedan huérfanos 19 niñas, niños o jóvenes", comentó.

La iniciativa fue turnada a la Comisión de Desarrollo Social, Derechos Humanos y Asuntos Indígenas para su estudio y dictamen.