Grupo Legislativo
Partido Revolucionario Institucional

Autor: Grupo Legislativo PRI

Para fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas de los
programas sociales del Gobierno y que no sea más el mismo Poder
Ejecutivo el que los evalúe, el Diputado local del PRI, Álvaro Ibarra
propuso crear el Consejo Estatal de Evaluación de la Política de
Desarrollo Social.
El Legislador del Grupo Legislativo del PRI manifestó que el Consejo
que evaluaría los programas sociales del gobierno y podrá emitir
recomendaciones, sería un órgano Constitucionalmente Autónomo
integrado por un presidente y dos consejeros quienes deberán
acreditar no pertenecer a algún partido político, ni haber ocupado
cargo público de elección popular un año previo al día de su
nombramiento, tener experiencia mínima de 10 años en materia de
desarrollo social y serán nombrados por dos terceras partes del
Congreso.
"Actualmente quien evalúa al Ejecutivo Estatal sobre las políticas de
desarrollo social que implementa, es el mismo Ejecutivo. Ellos no
pueden ser juez y parte cuando se trata de evaluar sus propias
políticas de desarrollo social, como parte de un ejercicio de rendición
de cuentas", puntualizó Álvaro Ibarra.
"Con esta reforma a la Constitución local se logrará que especialistas
de la sociedad civil sean quienes participen para el análisis de lo que
se hace con los recursos en la aplicación de programas sociales. Que
este ejercicio mejorado sirva para que los programas sociales puedan
ser corregidos, modificados, adicionados o suspendidos", indicó.
El Diputado Ibarra Hinojosa aseguro que se toma como base la
reforma a la Constitución Federal de 10 febrero de 2014 en la que el
órgano encargado de evaluar las políticas de desarrollo social del
Ejecutivo se hizo autónomo, el CONEVAL federal quien en su
diagnóstico a Nuevo León emitió en sus conclusiones que nuestra
normatividad debe establecer un órgano de evaluación con
independencia jurídica, técnica y de gestión respecto a la operación de
la política social.

El Legislador priísta agregó que los Estados de Sinaloa y Durango ya
cuentan un órgano Constitucionalmente autónomo para que sea un
tercero quien evalúe las políticas de desarrollo social del Ejecutivo
estatal.

La iniciativa que adiciona al párrafo décimo a décimo tercero y al
artículo 24 a la Constitución local, fue turnada a la Comisión de Puntos
Constitucionales para su estudio.