Grupo Legislativo
Partido Revolucionario Institucional

Actualmente en nuestra Nuevo León las dificultades que enfrenta el transporte público parecen llevar a un proceso de crisis entre los prestadores del servicio y los usuarios, el sistema de transporte requiere una transformación de carácter profundo.

Bajo esta realidad el Grupo Legislativo del Partido Revolucionario Institucional, considera oportuno establecer una normativa y un organismo que cumpla con el objetivo de prestar un servicio adecuado y justo a los usuarios del transporte público,

Por lo anterior, es que proponemos la creación del Instituto de Procuración para la Defensa del Usuario del Transporte Público.

El derecho de movilidad se refiere al deber del Estado de proporcionar los medios para que las personas puedan desplazarse de forma fácil a través de las distintas modalidades del transporte público o privado, estableciendo requisitos específicos para acceder al mismo.

Hemos constatado a través de los años, que el sistema de transporte urbano ha estado en dificultades, que se expresan en una inestabilidad en la prestación de sus servicios de transporte público formal y legalmente establecidos; en una baja de rendimiento de dichos sistemas, en aumentos de costos y tarifas.

La mayoría de los ciudadanos reconocen que batallan todos los días con el uso del transporte público para trasladarse y señalan que esto se agudiza, y que en algunas ocasiones tienen que realizar transbordos por la inseguridad, saturación y pérdida de tiempo que presentan estos medios.

Actualmente el manejo de los sistemas de transporte es llevado por el Gobierno del Estado a través de la Agencia para la Racionalización y Modernización del Sistema Público de Transporte Público de Nuevo León y la Secretaria de Desarrollo Sustentable por conducto de la Subsecretaria de Movilidad y Transporte.

Así mismo el Consejo Estatal de Transporte y Vialidad es el órgano encargado de elaborar y diseñar planes y programas de transporte y vialidad, así como de proponer acciones de mejora en la calidad de los servicios de transporte, y fomentar los acuerdos entre los diferentes sectores del transporte. Y entre otras cosas atiende lo relativo a las tarifas de transporte.

Necesitamos una instancia que permita profesionalizar y despolitizar a los órganos responsables del transporte público y otorgar a los usuarios mecanismos de defensa cuando ser servicio sea inseguro y deficiente.

Requerimos un órgano que sea sujeto a las normas de transparencia y rendición de cuentas, un organismo donde la participación ciudadana sea amplia y vinculante, un órgano con plena autonomía presupuestal, técnica y de gestión, y, por ende, obligada a rendir cuenta pública, con un Director General, nombrado por el Congreso y con atribuciones con las que actualmente cuenta el Consejo Estatal.