Grupo Legislativo
Partido Revolucionario Institucional

Llamarles ilegales a los inmigrantes es un error, es una ofensa.

Llamarle a alguien ilegal tiene como propósito el marcar la diferencia, cuando todos somos seres humanos.

En palabras de Elie Wiesel sobreviviente del Holocausto y Premio Nobel de la Paz, "nadie es ilegal".

No podemos voltear la vista ante los sucesos de la frontera sur del país donde miles de migrantes hondureños dejaron sus hogares e iniciaron una caravana para cruzar Centroamérica y México con el objetivo de llegar a Estados Unidos.

Información de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, esta caravana está integrada por más de 3,000 personas entre menores, mujeres y adultos mayores entre ellas, que huyen de la violencia, la pobreza y de las violaciones a derechos humanos en Honduras.

Ahora bien, México es un país de origen, tránsito, destino y retorno de migrantes. Aunque hay elementos comunes, las características, necesidades y problemas de las personas que integran cada uno de esos grupos son distintas y suelen agravarse por alguna otra condición de vulnerabilidad, como el género, la edad, la situación económica y, en particular, el estatus migratorio.

Nuestro país representa un reto importante en la ruta de 2 mil kilómetros de los migrantes. Del 2014 al 2017, 10 mil 319 migrantes registrados ante la Red de Documentación de las Organizaciones Defensoras de Migrantes dijeron haber sufrido un delito en su paso por el país.

Los grupos más discriminados son las personas migrantes en tránsito irregular por México; es decir, quienes pasan por el país sin la documentación oficial necesaria para llegar a su destino casi siempre, Estados Unidos.

De acuerdo a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el artículo primero de la Constitucional Federal reconoce de manera amplia, sin excepción, el derecho de toda persona de gozar de los derechos reconocidos por el Estado Mexicano en nuestra Carga Magna, así como en los instrumentos internacionales suscritos por nuestra nación. De lo anterior, tenemos que la población migrante, con independencia de su condición jurídica en el país, le son reconocidos todos los derechos que al resto de las personas y por ende, deben serles respetados.

El respeto irrestricto de los derechos humanos de la población migrante es uno de los principios en los que se sustenta la Ley de Migración publicada el 25 de mayo de 2011.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, también señala que de manera independiente de la situación jurídica de los migrantes, éstos cuentan con derechos dentro del territorio nacional, a saber los siguientes:

• Derecho a la atención consular
• Derecho a no ser discriminado
• Derecho al asilo
• Derecho al refugio
• Derecho a la protección de la unidad familiar
• Derecho a la dignidad humana
• Derecho a no ser criminalizado
• Derecho a ser alojado en una estación migratoria
• Derecho al alojamiento digno

Y finalmente derecho a la hospitalidad del Estado receptor y a la solidaridad internacional. Este derecho implica que el Estado mexicano debe proporcionar protección a aquellas personas que por circunstancias adversas en sus lugares de origen, pongan en riesgo sus vidas y requieran un nuevo lugar para vivir.

Todos somos ciudadanos del mundo, migrar es un derecho.

Por ello desde esta tribuna, hacemos un llamado a las autoridades federales a fin de que se sirvan a garantizar las condiciones de seguridad y tránsito de los migrantes, lo anterior en un apego irrestricto al respeto de los derechos humanos. Seamos humanitarios y brindemos a nuestros hermanos centroamericanos el trato que desearíamos para nuestros compatriotas en los Estados Unidos.