Grupo Legislativo
Partido Revolucionario Institucional

Autor: Grupo Legislativo PRI

Para que se establezca el delito de violencia política contra las mujeres, la diputada Alejandra Lara, a nombre del Grupo Legislativo del PRI, presentó una iniciativa de reforma al Código Penal del Estado.

Durante la presentación, la Legisladora priísta señaló que es necesario que se castigue con seis meses a dos años de prisión a quien cometa el delito de violencia política en contra de las mujeres, y se interponga una multa de 4 mil a 24 mil pesos.

"Esta reforma busca cerrar la brecha de desigualdad entre hombres y mujeres haciendo de ello una herramienta jurídica, que permita una igualdad de oportunidades, para el acceso a cargos públicos", puntualizó Alejandra Lara.

"Encontramos oportuno que se adicione un artículo 337 bis 7 al Código Penal del Estado en el sentido de tipificar el delito de violencia política por razones de género a quien realice por sí, o a través de terceros cualquier acción u omisión que impida, limite o restringa los derechos políticos electorales de las mujeres y acceso a un cargo público, alcanzando la penalidad de seis meses a dos años de prisión, y de cincuenta a trecientas Unidades de Medida y Actualización", manifestó la Diputada.

La Legisladora de la bancada del PRI agregó que, actualmente, nueve entidades tienen contemplada la violencia política en sus respectivas leyes electorales y 10 más, incluido Nuevo León, en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, pero solamente en Oaxaca la Violencia Política se encuentra tipificada en su Código Penal como delito.

Los diputados Rosa Isela Castro, Claudia Tapia, Ivonne Bustos, Luis Susarrey y Esperanza Alicia Rodríguez López, se suscribieron a la iniciativa.

La reforma con proyecto de Decreto implica modificación a la denominación del Capitulo Único del Título Décimo Quinto Bis, pasando a ser Capítulo I, adicionándose un Capítulo II, Denominado Violencia Política, y por adición del artículo 331 Bis 7, del Código Penal para el Estado de Nuevo León.

La propuesta fue turnada a la Comisión de Justicia y Seguridad Pública para el análisis correspondiente.