Grupo Legislativo
Partido Revolucionario Institucional

Autor: Grupo Legislativo PRI

Cuando empezamos con las pláticas entre las siete bancadas para construir un Sistema Estatal Anticorrupción eficaz y eficiente, lo primero en lo que coincidimos fue que la participación ciudadana debería ser la base fundamental para su implementación de esta trascendental ley.

Cuando la bancada de mi partido presentó la iniciativa por conducto de un servidor de la ley que hoy se constituye, como la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León, lo primero que sostuvimos era que la Fiscalía General era de garantizar una autonomía plena para el desempeño de su función.

Esta ley que aprobamos se fortaleció gracias a las aportaciones, de académicos, organizaciones y grupos civiles, expertos en materia judicial y de todos mis compañeros de esta Septuagésima Cuarta Legislatura.

Se atendieron las observaciones con un documento fortalecido jurídicamente que tendrá un alcance integral para su funcionamiento y operación en el Estado de Nuevo León.

Con esta ley de avanzada estamos seguros que habrá una vasta participación ciudadana para que cuando este Congreso decida junto al Comité de Selección lanzar las convocatorias para la Fiscal General, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales.

En la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia se establecen las competencias y requisitos de elegibilidad de las fiscalías, así como aquellas facultades administrativas y presupuestales que tendrá cada una de ellas.

Es de señalar que la Fiscalía General de Justicia será un organismo autónomo, con personalidad jurídica, patrimonio propio, autonomía financiera, presupuestaria, técnica y de gestión en los términos que determine la Ley.

Dentro de la misma ley se garantizan los derechos laborales de todos aquellos servidores públicos que se desempeñan actualmente dentro de este organismo.

De lo anterior, estamos convencidos de que estas fiscalías representarán el interés ciudadano de perseguir aquellas conductas que por la ley se consideran hechos constitutivos de delitos y así brindar una certeza jurídica que garantice un estado de derecho en Nuevo León.