Grupo Legislativo
Partido Revolucionario Institucional

Autor: Grupo Legislativo PRI

El Diputado del PRI, Gabriel Tláloc Cantú, solicitó reformar la Constitución Política de Nuevo León para que las recomendaciones emitidas por la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) sean atendidas por las autoridades estatales y municipales, en caso contrario, el Congreso los hará comparecer ante este órgano.

Tláloc Cantú informó que la modificación a los artículos 87 y 60, todo servidor público estará obligado a responder las recomendaciones que les presente la CEDH, así como lograr las reparaciones de las violaciones a los derechos humanos y presentar las correspondientes denuncias y quejas.

"Se reforma por modificación el párrafo décimo segundo del artículo 87 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, Artículo 87.- (Párrafo Décimo Segundo). Todo servidor público está obligado a responder las recomendaciones que les presente la Comisión Estatal de Derechos Humanos".

"Cuando las recomendaciones no sean aceptadas o cumplidas por las autoridades o servidores públicos, estos deberán fundar, motivar y publicar su negativa. El Congreso del Estado podrá llamar, a solicitud de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, a las autoridades estatales y municipales responsables para que comparezcan ante dicho órgano legislativo, a efecto de que expliquen el motivo de su negativa".

"Segundo. Se reforma por modificación la fracción IV del artículo 6 de la Ley que crea la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Artículo 6o.- (I a la III. ...) IV.- Formular y dirigir a las autoridades estatales y municipales, las recomendaciones para lograr la reparación de las violaciones a los derechos humanos y presentar denuncias y quejas ante las autoridades que corresponda, en los términos de los párrafos décimo primero y décimo segundo del artículo 87 de la constitución política del estado libre y soberano de Nuevo León", manifestó Tláloc Cantú.

Destacó que los organismos de derechos humanos, han visto incrementadas sus facultades y su fuerza en aras de mejorar la protección de los derechos de las personas; sin embargo, le toca a los legisladores dotar de mayores y mejores herramientas para que los órganos de protección puedan ejercer su función con calidad y servicio humano.