Autor: Grupo Legislativo PRI
Para asegurar que las irregularidades de los actuales funcionarios se sancionen con la misma vara como fueron medidas administraciones pasadas, los Diputados del PRI impulsarán la creación de las figuras autónomas del Fiscal Anticorrupción y el Fiscal General para el mes de Diciembre.
El Coordinador de los Diputados del PRI, Marco Antonio González, destacó que con estás figuras se cerrará el círculo en la lucha contra la corrupción.
"Es muy importante resaltar la importancia del Sistema Estatal Anticorrupción, porque así como rechazamos cuentas públicas de administraciones pasadas, también va a ser la primera vez que si así lo amerite, rechazar cuentas públicas del gobierno actual, primera vez en Nuevo León y las vamos a rechazar con evidencia si es que la hay".
"Por eso necesitamos cerrar el círculo, necesitamos que para diciembre tengamos el Fiscal Autónomo Anticorrupción, para que de esa manera mandamos una señal clara la ciudadanía que ahora sí las cosas van a ser diferentes, y que realmente la gente confíe en las instituciones, y si hay un acto de corrupción, se castigue de una manera objetiva sin ninguna subordinación de algún poder como actualmente sucede".
" Había suspicacia de varios actores políticos y de la sociedad civil, de que la bancada a la que yo representó íbamos hacer un juego perverso, siempre lo dijimos claro de frente a la gente, que nosotros veríamos el tema de cuentas públicas se verían de manera objetiva y técnicamente, sin duda estamos marcando un precedente en el Congreso, y con la vara que los mismos deberán ser medidos'.
"Hoy hicimos historia y rechazamos cuentas públicas de administraciones pasadas, con estas acciones seguiremos avanzando en el tema de Anticorrupción, para lograr un Estado de progreso y vanguardista", manifestó Marco Antonio González.
Destacó el coordinador priísta que al rechazar las cuentas públicas no es una cacería de brujas, ya que se hizo de una manera neutral y con el soporte técnico.
Alertó a la ciudadanía a que no se deje engañar, ya que el rechazo de cuentas públicas no representa que sean castigados con prisión, y será la Auditoría Superior del Estado quién decidirá el proceso a seguir.
