Autor: Grupo Legislativo PRI
El Diputado del PRI, Héctor García presentó una iniciativa de reforma para modificar el Artículo 41 de la Constitución Política de Nuevo León, para que se disponga la revocación de mandato de los funcionarios públicos electos mediante el voto.
"Un gobierno democrático debe ser sensible a los cambios y demandas del tejido social y, al mismo tiempo, debe moldear o incidir sobre éste en función del interés público. Es así que en diversos regímenes democráticos han surgido corrientes políticas que buscan ampliar los mecanismos de participación política de los ciudadanos en los asuntos de gobierno".
"Pedimos reformar por adición de un párrafo segundo al artículo 41 de la Constitución Política de Nuevo León, para que en la renovación de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y de los Ayuntamientos del Estado se realizará en elecciones libres a través de la emisión del sufragio, libre, secreto y directo donde es revocable el mandato de los funcionarios públicos electos mediante el voto", informó el Diputado del PRI.
Héctor García agregó que esta ley, establecerá las bases y procedimientos para la revocación de mandato.
Manifestó que el Poder Legislativo logró en diciembre del año pasado la aprobación de la Ley de Participación Ciudadana, brindando un marco normativo para empoderar a los ciudadanos a través de mecanismos como: la consulta popular, consulta ciudadana, iniciativa popular, audiencia pública, contraloría ciudadana, presupuesto participativo y la revocación de mandato.
Dicha ley fue objeto de observaciones por parte del Ejecutivo del Estado, quién realizó diversos señalamientos sobre dicha reforma, pero el más importa fue su postura en relación a la revocación de mandato.
El Diputado del PRI, señaló como apropiado, el actualizar el marco constitucional a fin de poder revocar esa representación que le es otorgada a los representantes populares.
La instauración de esta figura permitirá promover la cultura política en nuestro Estado y permitirá a los ciudadanos dar mayor seguimiento a sus gobernantes y emitan juicios de valor sobre su desempeño.
