Autor: Grupo Legislativo PRI
- Juan Manuel Cavazos presenta punto de acuerdo en la Permanente en donde señala que los Diputados del PRI estarán vigilantes a que en todos los municipios se rindan cuentas claras en el manejo de sus ingresos , egresos, y de refinanciamiento de su deuda
El Grupo Legislativo del PRI pidió a la alcaldesa de Monterrey, Margarita Arellanes proporcione cuentas claras de la aplicación de los ingresos y egresos, incluida la deuda y reestructuración del financiamiento que fue aprobado por el Congreso.
"Toda vez que la Comisión Primera de Hacienda y Desarrollo Municipal no incluyó en la redacción del Decreto de reestructura de Monterrey la obligación expresa de informar a este Congreso de la utilización del financiamiento para reestructurar y es importante que cumpla con la Ley de Coordinación Fiscal e informe la deuda del municipio", dijo el diputado Juan Manuel Cavazos Balderas.
Comentó que esto no significa que el municipio queda a salvo de sus obligaciones contenidas en la legislación estatal de realizar la inscripción de su deuda en el Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades y Municipios.
"Consideramos debe comunicar trimestralmente el estado de resultados del ejercicio presupuestario de ingresos y egresos que corresponda, el trámite y destino de los recursos, incluyendo la deuda de Monterrey", expuso.
"Los legisladores del PRI no seremos cómplices de opacidad de ningún gobierno, contrario a ello seremos vigilantes que a los ciudadanos se nos brinde información clara, oportuna y digerible sobre la aplicación de los recursos que aportamos para el desarrollo de nuestros Municipios", señaló.
TRATO IGUAL PARA TODOS LOS MUNICIPIOS
Refirió que la LXXIII Legislatura de ninguna manera trata de forma distinta a los municipios, toda vez que el Gobierno que dirige Margarita Arellanes deberá de informar, igual que todos los municipios del estado, en la cuenta pública correspondiente, todo sobre el manejo.
Se deberán especificar los pagos y amortización de la deuda, contratación, registro, renegociación y administración de la misma, de conformidad con lo contemplado en la Ley de Fiscalización Superior del Estado, así como en la Ley General de Contabilidad; además de que la Auditoría Superior del Estado tiene suficientes facultades para fiscalizar la deuda pública.
