Grupo Legislativo
Partido Revolucionario Institucional

Autor: Grupo Legislativo PRI

El Grupo Legislativo del PRI analiza jurídicamente la posibilidad de nombrar a un alcalde sustituto en Monterrey, ante la omisión del Ayuntamiento de notificar al Congreso la separación de Fernando Larrazabal Bretón.

Héctor Gutiérrez, Coordinador del GLPRI, también adelantó que está bajo estudio la actuación Jaime Bazaldúa, quien podría caer en el delito de usurpación de funciones, quien continúa como encargado del despacho, pese a que la ley no contempla esa figura después del plazo de 30 días que venció el pasado 17 de abril.

"Se están analizando las consecuencias jurídicas tanto del Ayuntamiento como de la persona que actúa, en este momento, como encargado ilegal del despacho, y por otro lado, posibles sanciones el propio Ayuntamiento por no notificar aquí al Congreso", precisó.

Insistió en que se analizan las alternativas jurídicas para nombrar a un alcalde sustituto en Monterrey, al recalcar que es un absurdo que la capital del Estado viva un vacío de poder cuando los regiomontanos se merecen un gobierno que actúe ante los problemas.

"Yo no entiendo por qué Larrazabal, que sigue teniendo un control indirecto sobre el municipio de Monterrey, desea manejar al municipio como si fuera Chinameca, Veracruz, y hay una gran diferencia entre un municipio pequeño de algún otro estado del país con el municipio de Monterrey", apuntó.

Gutiérrez de la Garza alertó que el primer regidor, Jaime Bazaldúa, podría incurrir en responsabilidades penales, luego que se venía desempeñando como encargado del despacho desde el 17 de marzo, fecha en que Larrazabal se separó de la alcaldía.

"Ley señala que no puede haber un encargado del despacho más allá de 30 días, por lo que espero que los asesores de Bazaldúa, que es a quien dejaron como encargado del despacho, lo estén asesorando adecuadamente porque pudiese incurrir en el delito de usurpación de funciones", indicó.

El coordinador priista argumentó que la Constitución, las leyes estatales y los reglamentos municipales son contundentes al señalar que la responsabilidad de los Ayuntamientos recae en la figura del Presidente Municipal y lo que se vive en Monterrey, en este momento, es un vacío de poder.

"Estamos ante un vacío de poder, porque el reglamento y la ley señalan que la responsabilidad del Ayuntamiento le corresponde al alcalde, la representación al alcalde, la ejecución de los acuerdos al alcalde; en pocas palabras, en este momento el municipio de Monterrey de manera formal cualquier acto que realice es un acto ilegal", advirtió.

Recalcó que desde el miércoles, el Congreso resolvió la situación del resto de los municipios donde hubo separación de alcaldes, como fue en Apodaca, Guadalupe y Montemorelos, pero en el caso de Monterrey los Diputados no recibieron la notificación oficial, pese a que ya transcurrió más de un mes.

"Lo que sigue ahora es sustituir al alcalde de Monterrey una forma o de otra, independientemente, de la sanción que tengan el encargado ilegalmente del despacho, como cualesquier otro que dentro del Ayuntamiento haya obstaculizado la notificación a este Congreso", aseveró.