Grupo Legislativo
Partido Movimiento Ciudadano

Autor: Grupo Legislativo PMC

La diputada de Movimiento Ciudadano, Rocío Maybe Montalvo Adame, presentó un punto de acuerdo en el Congreso de Nuevo León para emplazar a la Comisión de Movilidad a dictaminar el expediente 15216/LXXVI, relacionado con la designación de dos representantes de usuarios del transporte para la Junta de Gobierno del Instituto de Movilidad y Accesibilidad del estado.

Montalvo Adame señaló que desde febrero de 2021, los puestos destinados a representantes de organizaciones no gubernamentales (ONG), colectivos, así como colegios de arquitectos e ingenieros, han permanecido vacantes. Pese a haberse convocado un proceso para cubrir estas vacantes en 2022, la falta de postulaciones adecuadas y la baja participación de interesados han impedido la integración completa de la Junta.

La legisladora subrayó la urgencia de cubrir estas vacantes debido a que la Junta de Gobierno del Instituto de Movilidad es un órgano crucial para la toma de decisiones sobre transporte público y movilidad en el estado. Este órgano tiene facultades clave, como la aprobación del presupuesto del instituto y la autorización de tarifas de transporte público.

En su intervención, Montalvo Adame recordó que la actual Ley de Movilidad publicada en enero de 2020, fue resultado de un extenso proceso de consulta con la sociedad civil y colectivos.

"Esta ley incluye mecanismos para la participación ciudadana en la toma de decisiones, un derecho que, ha sido violentado por la omisión de la Comisión de Movilidad, que lleva 40 meses sin designar a los representantes correspondientes", explicó la legisladora.

Montalvo solicitó que la Comisión de Movilidad sesione antes del 30 de noviembre para declarar desierta la convocatoria de 2022 debido a las inconsistencias en las postulaciones y se emita una nueva convocatoria con mayor difusión entre las organizaciones, colectivos y colegios relacionados con la movilidad.

Finalmente, enfatizó la necesidad de que este nuevo proceso garantice una participación más amplia y legalmente viable, asegurando que los designados cumplan con los requisitos necesarios para representar adecuadamente a la ciudadanía en este órgano de gobierno.