Grupo Legislativo
Partido Movimiento Ciudadano

Autor: Grupo Legislativo PMC

H. Congreso del Estado de Nuevo León

Presente.

Por medio de la presente, quienes suscribimos, Diputada Marisol González Elías, e integrantes del Grupo Legislativo de Movimiento Ciudadano de la LXXVII-Septuagésima Séptima Legislatura del H. Congreso del Estado de Nuevo León, con fundamento en lo establecido por los artículos 122 Bis, 122 Bis 1 y 123 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado de Nuevo León, acudo ante esta Soberanía a presentar Punto de Acuerdo, con base en la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Hoy me presento ante ustedes con un llamado fundamental: el de la responsabilidad que tenemos como autoridad. Nuestra labor no solo es legislar y debatir, sino que también, por nuestra calidad representativa, ser los primeros en cumplir la ley. Como representantes del pueblo, estamos obligados a acatar los fallos judiciales, reconociendo que las sentencias de los tribunales no son sugerencias ni recomendaciones, sino mandatos claros que debemos obedecer.

En este caso concreto, el Tribunal Electoral ha sido contundente: la designación de la Mesa Directiva constituyó un Fraude a la Ley, se hizo de manera ilegal, violando los derechos político-electorales de la primera minoría, que legítimamente pertenece a Movimiento Ciudadano. Este no es un asunto menor, es una cuestión de respeto a la voluntad popular y a las instituciones que todos juramos defender.

Nuestra responsabilidad como legisladores no termina en este recinto. Al ignorar o desacatar una sentencia judicial, estamos socavando la confianza en el sistema de justicia y enviando un mensaje equivocado: que la ley puede ser pasada por alto cuando no nos favorece. ¿Qué legitimidad podemos exigir al resto de la sociedad si nosotros, desde la máxima autoridad legislativa del estado, no somos capaces de acatar una sentencia firme?

Como autoridades, nuestra obligación es doble: no solo debemos respetar las leyes, sino ser ejemplo de cómo deben cumplirse. Si fallamos en esto, no solo comprometemos la legitimidad de este Congreso, sino también el equilibrio y respeto por el estado de derecho.

El Tribunal ya ha hablado. Nos corresponde a nosotros reconocer ese fallo y actuar en consecuencia. No podemos seguir ignorando la sentencia ni desobedeciendo lo que ya fue claramente ordenado. Es nuestro deber respetar y hacer respetar las decisiones judiciales, no solo por la ley, sino por el compromiso que tenemos con la ciudadanía que nos eligió para representarla.

Hoy les pido que, en este momento crítico, nos apeguemos a la legalidad con plena responsabilidad. Cumplir con lo resuelto no es una opción, es nuestra obligación como legisladores y como autoridades. Cada uno de nosotros tiene en sus manos la oportunidad de demostrar que este Congreso respeta la justicia, la democracia y la confianza que el pueblo ha depositado en nosotros.

Es hora de reconocer la sentencia, cumplir con ella y actuar con la responsabilidad que nuestra posición demanda.

Nos encontramos en un momento decisivo, en el que es inminente la notificación de otro incumplimiento por parte de este Congreso. Todos sabemos que la sentencia del Tribunal Electoral fue clara: la integración de la Mesa Directiva debe hacerse conforme a derecho, garantizando que la primera minoría, representada por Movimiento Ciudadano, ocupe su legítimo lugar.

Más allá de esta situación, es imperativo que, una vez recibidas nuevamente las directrices del Tribunal, nos apeguemos fielmente a lo declarado. Como representantes de la ciudadanía, es nuestra responsabilidad acatar las resoluciones judiciales con la mayor integridad, no solo por respeto a la ley, sino para preservar la legitimidad de nuestras funciones.

Cada decisión que tomemos a partir de ahora será observada no solo por el Tribunal, sino también por la sociedad que confía en que actuemos conforme a derecho. No podemos permitir que este incumplimiento y actitud omisiva se convierta en un patrón.

Tenemos la obligación de corregir el rumbo y actuar de acuerdo con lo establecido por las autoridades competentes.

Además de todo lo previamente expuesto, es de conocimiento general entre los integrantes de este Congreso que la suspensión dictada por el Tribunal de Justicia de Nuevo León carece de sustento jurídico, y que, en última instancia, será revocada por instancias superiores.

Lo único que están logrando es retrasar lo inevitable, VULNERANDO la legitimidad de este Congreso y exponiendo a nulidad las decisiones que aquí se tomen. Les exhorto, con firmeza, a que RESPETEN LA LEY, acaten las resoluciones de los tribunales COMPETENTES, y, sobre todo, PRIORICEN EL BIENESTAR DE LA CIUDADANÍA sobre sus intereses particulares.

Por lo tanto, se proponer el siguiente punto de Acuerdo.

ACUERDOS

UNICO. - La Septuagésima Séptima Legislatura al H. Congreso del Estado de Nuevo León, acuerda enviar un atento y respetuoso exhorto al Poder Judicial del Estado de Nuevo León y a la Fiscalía Especializada en combate a la corrupción para que se abstengan de obstaculizar las facultades y atribuciones constitucionales del Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León.

Monterrey, NL., 23 de Septiembre de 2024