Grupo Legislativo
Partido Movimiento Ciudadano

Autor: Grupo Legislativo PMC

Honorable Asamblea, me permito expresar lo siguiente:

El día 05 de septiembre del 2023, se sentó un precedente histórico en el Estado de Nuevo León en materia de derechos Político Electorales, donde se resolvió el expediente Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano 25/2023 y sus acumulados. El Tribunal Electoral determino como una ilegalidad, lo que nosotros como Bancada de Movimiento Ciudadano hemos señalado y resaltado, que este Poder Legislativo no cuenta con facultades para la designación de Diputaciones por Representación Proporcional.

La sentencia fue notificada a este Poder Legislativo un par de horas posteriores a su emisión. En ella, se establece que el Acuerdo Emitido por el Poder Legislativo mediante el cual se designó y tomo protesta a una ciudadana para asumir la diputación vacante, debe ser revocado. Esto encuentra sustento en que el acuerdo no cumple con los principios de legalidad y certeza, pues este Congreso no es competente para determinar quien debe ocupar una curul vacante de conformidad con la Ley Electoral de Nuevo León.

LES ADVERTIMOS desde los trabajos de comisión, que lo que se estaba fraguando era una ilegalidad. No obstante, con su talante impositivo, el PRIAN continuo con su dictadura pisoteando la Constitución del Estado.

De nueva cuenta, queda en evidencia que el PRIAN, desde este Congreso, vela únicamente por sus intereses partidistas y de cúpulas siniestras. Es claro que solo buscan controlar las instituciones, faltando al juramento que protestamos al inicio de la Legislatura, observar y hacer cumplir la Constitución y las Leyes que de ella emanen.

Con estas conductas excesivas, exponen a este Poder Legislativo, de por sí desgastado en la imagen pública, a diversas consecuencias jurídicas. Primero, genera una incertidumbre a la ciudadanía, pues los actos derivados de la ilegal toma de protesta y ejercicio indebido del cargo, carecen de validez, siendo nulos por haberse emitido actos por parte de una persona que no tenían las atribuciones legales para hacerlo.

Lamentablemente, las consecuencias no son solo para quienes aprobaron esta ilegalidad. En su afán de concetrar el poder, arrastraron consigo a una ciudadana con aspiraciones legítimas, y que en el marco de la legalidad, hicimos saber las posibles consecuencias jurídicas y administrativas en que podría incurrir. Pero insistimos, aquí lo que les importa son sus propios intereses partidistas y cupulares.

Una vez más, bajo el secuestro del PRIAN, el Congreso de Nuevo León ha sido evidenciado por la falta de responsabilidad y respeto hacia la ley. Es preocupante la facilidad y el cinismo con el que se toman decisiones que claramente violan los principios fundamentales de nuestra democracia. No se actúa con prudencia y apego a la legalidad, se ha optado por una actitud temeraria, en la que se violenta la ley sin consideración alguna.

Este tipo de comportamiento es inaceptable, socava la confianza de la ciudadanía en nuestras instituciones y en el sistema político en su conjunto. Es primordial recordar que el respeto a la ley es el pilar fundamental de una sociedad democrática y justa.

Resulta imperativo que nosotros como representantes populares actuemos con responsabilidad y acatemos las normas establecidas. Solo a través del cumplimiento estricto de la ley podremos garantizar la estabilidad y el bienestar de nuestro estado.

El Congreso, debería ser un espacio para la discusión y el debate donde se expongan las inquietudes de la ciudadanía, y buscar la solución a esas problemáticas, pero no, eso se ha vuelto una utopía en este Poder Legislativo, porque el secuestro institucional por parte del PRIAN atiende únicamente a sus intereses partidistas, pero ese secuestro no solo ha permeado a este Congreso, si no que también se ha extendido hasta el Tribunal Superior de Justicia del Estado. Hace unos días, nos enteramos por medios de comunicación, que el Diputado Mauro Guerra, en su calidad de Presidente, que es un cargo institucional y que representa a la totalidad de quienes integramos esta legislatura, presentó una controversia de inconstitucionalidad en contra de la sentencia emitida por el Tribunal Electoral del Estado.

En primer término, esta legislatura ha tenido la práctica legislativa de someter a consideración del Pleno un punto de acuerdo para autorizar a la Presidencia en turno de presentar los recursos necesarios ante las autoridades jurisdiccionales, para controvertir cualquier tema; sin embargo, una vez más, haciendo uso faccioso del Congreso, opto por presentarse la controversia sin tomar en consideración a quienes integramos este Poder Legislativo.

Pero lo que es más lamentable, es la actuación parcial de la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia. Pues sustenta la emisión de una suspensión en contra de los efectos de la sentencia del Tribunal Electoral en la ley que regula el procedimiento para las Controversias de Inconstitucionalidad, misma que expresamente señala en su artículo 22 lo siguiente:

Artículo 22. Las controversias de inconstitucionalidad son improcedentes:

III. Contra cualquier acto, resolución, sentencia o laudo, de los órganos constitucionalmente autónomos y los organismos públicos de la administración pública paraestatal o descentralizada municipal, que sean de naturaleza materialmente jurisdiccional o electoral;

Esto es indignante, pues quien esta encargado de velar por la impartición de justicia y observar lo establecido en la Constitución y las leyes, flagrantemente vulnera el texto de la ley.

Pero como éste es un tema que caerá por el propio peso de la ley, no nos queda más que esperar para regresar a esta tribunal y decir frente a la ciudadanía de Nuevo León: "Se los diijimos".

Finalmente, hacemos un llamado a las legisladoras y legisladores del PRI y del PAN ha reflexionar respecto a sus actuaciones en el Congreso. Un llamado a respetar la legalidad, la pluralidad y la igualdad de representación de las diputaciones que integramos esta legislatura. Solo así podremos construir un Nuevo Nuevo León.

Dado en la sede del H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, en la Ciudad de Monterrey, a los 12 días del mes de septiembre de 2023.

ATENTAMENTE:

Dip. Denisse Daniela Puente Montemayor
Dip. Eduardo Gaona Dominguez	Dip. Iraís Virginia Reyes de la Torre
Dip. Tabita Ortiz Hernández	Dip. Sandra Elizabeth Pámanes Ortíz
Dip. María Guadalupe Guidi Kawas	Dip. Norma Edith Benítez Rivera
Dip. Héctor García García	Dip. Carlos Rafael Rodríguez Gómez
Dip. María Del Consuelo Gálvez Contreras	Dip. Roberto Carlos Farias García
Integrantes del Grupo Legislativo de Movimiento Ciudadano LXXVI Legislatura del H. Congreso del Estado de Nuevo León